Luego de la polémica por el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el Gobierno hizo oficial este viernes el nuevo documento a seguir en los casos de aborto legal a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
La resolución 1/2019 establece que el protocolo “tiene como objetivo ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad” en el caso de abortos no punibles.
El documento, de 79 páginas, remarca la diversidad de género: “El derecho a ILE, establecido en el art. 86 del Código Penal, corresponde a toda las personas con capacidad de gestar (niñas, adolescentes, mujeres, varones trans, personas no binarias, etc.)”.
La resolución establece que debe prevalecer la decisión de la persona ante la posición de los médicos e incluye a la violencia obstétrica como una forma de violencia de género.
En cuanto a la aplicación, determina que “para la realización de una ILE nunca es exigible la denuncia policial o judicial de violación”.
El Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró que el protocolo tiene como objetivo actualizar la guía de prácticas anterior teniendo en cuenta los cambios que existieron en la legislación, como la aprobación del nuevo Código Civil de 2015, y la evolución del conocimiento que hace que se modifiquen cuestiones científicas, siguiendo cánones internacionales como los de la Organización Mundial de la Salud.
Anticipó que se busca de esa forma garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas y los derechos de pacientes; proteger y acompañar a los equipos de salud como responsables de atender a la población, y llevar las mejores prácticas a quienes más las necesitan basándose en la legislación vigente.
González García advirtió además que seguramente haya “algunas organizaciones antiderechos” que vayan a cuestionar el nuevo protocolo, pero insistió que se trata de “un instrumento sanitario” que se ajusta a la ley actual y otorga derechos a quienes “lamentablemente están en una situación de interrupción legal del embarazo”.
