“Los papeles secretos del ARA San Juan”, el trabajo está basado en las 240 fojas elaboradas por el auditor militar comodoro Ricardo Daniel Méndez y que es la base de las acusaciones que pesan sobre los ocho oficiales de la Armada llevados al Consejo General de Guerra que en este momento se desarrolla a puerta cerrada y en el más estricto hermetismo en el edificio Libertador, sede del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
El dictamen es “confidencial”, así se señala en cada una de sus páginas y las copias que del informe circulan están cruzadas con una leyenda en color celeste que lo elevan al carácter de “secreto”.
A partir del punto 2.15 y bajo el subtítulo de “HECHOS”, el militar, antes de comenzar a dar cuenta de la sucesión de eventos que terminaron en tragedia, entiende que: “El naufragio del Submarino ARA San Juan se ha convertido en una de las mayores tragedias que ha sufrido la Armada Argentina. La lamentable pérdida de la vida de sus 44 tripulantes -en cumplimiento de un acto del servicio- ha conmovido no sólo a sus familiares y al ámbito castrense sino a la sociedad en su conjunto e inclusive ha transcendido las fronteras de nuestro país, habiendo recibido muestras de solidaridad y colaboración en su búsqueda por parte de numerosos países”.
A párrafo seguido abunda: “Por ello, es necesario dar una respuesta acorde a la magnitud del acontecimiento, teniendo especialmente en cuenta la consideración que merecen tanto la memoria de las víctimas de tan lamentable hecho como sus familiares”.
A partir de esas expresiones, el comodoro, que contó con la colaboración de submarinistas y especialistas en la materia, asegura que a lo largo del sumario “deberá darse respuesta a diversos interrogantes que se presentan a esta instrucción que son de fácil enunciación, pero sumamente complejos a la hora de brindar una respuesta: ¿Qué ocurrió?, ¿Cómo? y ¿Por qué tuvo lugar eI siniestro?”
En el punto 2.20 el comodoro Méndez, suscribe una afirmación que los abogados de los imputados toman como propia, y entienden que es casi una expiación de culpa.
“Como dato inicial, cabe consignar que al momento de zarpar de la Base Naval Mar del Plata, el submarino ARA San Juan se encontraba administrativamente en condiciones de navegabilidad, de acuerdo a la información oficial colectada, si bien contaba con numerosas novedades, algunas de las cuales afectaban su operación para determinadas actividades”.
En el siguiente punto, el auditor sostiene: ” También se desprende de lo actuado que el submarino ARA San Juan, de acuerdo a la documentación oficial, se encontraba en condiciones de dar cumplimiento a la orden de operaciones para la cual estaba afectado en ocasión de producirse el siniestro en el que se produjera su naufragio, afín en situaciones meteorológicas desfavorables como las verificadas en este caso”.
¿Pero si eso es así, por qué terminó a 900 metros de profundidad? ¿Y estaba preparado el personal a bordo para superar una situación de emergencia?
Las respuestas a los interrogantes llegan a los pocos párrafos: “En cuanto al estado de adiestramiento de la tripulación del submarino, siempre siguiendo la documentación oficial que ha sido adjuntada, el mismo era el adecuado para la actividad ordenada, haciendo especial hincapié que durante el año 2017 se había cumplido con una actividad naval superior a la de años anteriores, lo cual hizo que se alcanzaran niveles de ACEPTABLE en Tácticas y DESEABLE en Técnicas, todo lo cual permite inferir que la tripulación del submarino ARA San Juan había alcanzado estándares superiores a los registrados en años anteriores”.
¿Entonces que sucedió?
A partir del punto 2.23 el dictamen del auditor relata: “Del análisis de los elementos obrantes en el expediente surge como implícito que los sucesivos recortes presupuestarios que han venido aplicándose a la actividad militar en las últimas décadas y en particular a lo atinente a la naval han afectado sensiblemente el rendimiento de los buques de la armada nacional y en particular en el caso del submarino ARA San Juan”
“Sin embargo -relativiza el instructor- las diversas novedades detectadas, las insuficiencias operativas resaltadas por los informes acompañados en las presentes actuaciones no se habrían traducido en impedimentos para la navegabilidad en este caso concreto del submarino ARA San Juan”.
Dicho esto el sumario especifica que Inspección General de la Armada (ISGA) “enumeró una serie de hallazgos detectados en la nave, ninguna de las cuales ostentaba el carácter de ‘riesgo institucional’ no obstante lo cual analizadas en su conjunto constituían limitaciones sensibles para el desempeño en navegación del submarino. Es decir, si bien no impedían navegar al buque o lo inhabilitaban para ello, venían a instalarle una serie de aspectos restrictivos a las condiciones originales de la nave”.
A partir de ese reconocimiento, el primero sobre el estado en que se encontraba el submarino antes de zarpar, el auditor comienza a razonar sobre quienes conocía las “limitaciones sensibles” que tenía el navío.
“Este informe es de trascendental importancia porque fue aprobado por el Jefe del Estado Mayor de la Armada quien por ello se encontraba —al menos al mes de enero de 2017- en perfecto conocimiento de la situación operativa en que se encontraba el Submarino ARA San Juan”.
Se refiere al jefe de la Armada, almirante (R) Marcelo Srur, el oficial de mayor rango que, ante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, negó estar en conocimiento de esta situación y responsabilizó de cualquier posible irregularidad a sus dos subordinados, el contraalmirante (R) Luis Enrique López Mazzeo, entonces comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada y el capitán de navío -y aún en actividad- Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos.
Al menos las defensas de estos tres militares impugnaron el dictamen del comodoro Menéndez, sin embargo, no fue tenido en cuenta y las acusaciones continúan.
Como se verá en el capítulo dedicado a las supuestas responsabilidades de cada uno de los imputados en el hundimiento del navío, él instructor es especialmente duro con Srur.
Se asegura, por ejemplo, que durante el interrogatorio al que fue sometido durante las actuaciones, intentó hacerse ver casi como un empleado administrativo de la marina.
“Esta verdadera radiografía del estado en que se encontraba la nave, debe ser completada con dos documentos posteriores del mismo año 2017 y el originado por en el capitán de fragata Pedro Fernández, del mes de setiembre de 2017”.
El resto de los siete imputados son: el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo; el capitán de navío Claudio Javier Villamide; el contraalmirante Eduardo Luis Malchiodi; el capitán de navío Carlos Ferraro; el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso; el capitán de fragata Hugo Miguel Correa y el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia.
En esos papers se revelan dos cosas, que el comandante del ARA San Juan lo encontraba apto para las tareas que debía desarrollar en su última navegación -los calificó con 4,25 puntos sobre 5 posibles-; y que la anterior, realizada a mediados de 2017, detectó una serie de problemas, entre ellos ingreso de agua por el sistema snorkel, y falta de propulsión, entre otras cuestiones de menor envergadura como la de pérdida de aceite.
Como se verá en el avance de esta investigación basada en “los papeles secretos del ARA San Juan”, el auditor militar, hace foco en una serie de informes técnicos incorporados al expediente, que sostienen que el comandante del submarino, capitán de fragata Pedro Fernández haría visto limitado su accionar durante la emergencia, por las “limitaciones” que tenía el buque por la falta de mantenimiento, por ejemplo, solo podría sumergirse hasta 100 metros de profundidad en vez de 300.
Pero no es lo único, el auditor asegura que Fernández “también se vio limitativo para (tomar) decisiones” porque, según “el Informe de la Comisión Especial de Expertos -convocado por el ministerio de Defensa- indica que podría haberse verificado un corte en el servicio de internet con la consiguiente falta de comunicaciones”, con la base en tierra, en este caso en Puerto Belgrano.
Para los especialistas una cosa es que el submarino navegue, y otra es que “patrulle” el Mar Argentino, para controlar la “pesca ilegal” de buques extranjeros dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina, y realizar espionaje sobre barcos y aviones británicos, tal como ya publicó Infobae, pero que ahora lo recuerda el auditor militar al hacer mención a la “Orden de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS) N° 04/17? fechada el 24 de octubre de 2017, y en la cual se sostiene que el ARA San Juan debía “obtener reconocimiento preciso” y “localización, identificación, registro fotográfico/fílmico” de aeronaves militares y logística (RAF 130) que responden a la gobernación de las Islas Malvinas y a la Real Fuerza Aérea británica. El documento precisa que Fernández debía recolectar información sobre varios buques, entre ellos el “BP CFL HUNTER”, el “HMS CLYDE” y el “FPV PROTEGAT”, con base en las Islas Malvinas.
Teniendo en cuenta todo esto ¿estaba capacitado el submarino para realizar las tareas ordenadas?
El comodoro Méndez aproxima una respuesta de esta manera: “En todo este esquema inicial sobre el estado del submarino ARA San Juan surge la opinión de quien ostentara —nada menos- el máximo cargo jerárquico en la Armada al momento de la ocurrencia de los hechos, quien sostuvo, con posterioridad a los mismos, que si hubiese conocido las novedades del informe de la navegación del mes de julio de 2017 no hubiese permitido que el submarino ARA San Juan zarpase en octubre de 2017”.
De esa forma, recordaba las palabras dichas por el propio Srur ante la instrucción del sumario.
“De este modo, el almirante (R) Srur parecería conferirle al informe del mes de julio de 2017 emitido por el capitán de Fragata Fernández —cuya existencia sostiene haber desconocido al momento de la pérdida del submarino- una trascendencia decisiva a la hora de establecer las verdaderas condiciones de navegación en las que se encontraba el submarino al momento de iniciar su viaje final y por el contrario parece no haber contemplado el posterior informe del mes de septiembre de 2017 también emitido por Fernández, lo cual no se aprecia sea compartido por los peritos intervinientes en éste expediente”.
El último párrafo escrito por el instructor militar en el capítulo que él nombró como “HECHOS” le da pie al próximo, el describió como “el desarrollo de los hechos hasta la pérdida de contacto con el ARA San Juan”.
Escribió Méndez: “Deviene entonces como imperioso develar las verdaderas condiciones de navegabilidad en que se encontraba el buque siniestrado, como así también el rol cumplido en el hecho por parte del personal interviniente, tanto en lo que respecta al embarcado -los tripulantes- como el de la cadena de mandos que se desempeñaba en superficie, ello en el marco de cómo se verificaron los hechos que desembocaron en el siniestro objeto de investigación y las circunstancias que han tenido incidencia en el mismo (…) y que se completará con un nuevo instrumento en el cual se hará hincapié en el deslinde de responsabilidades”.
Para tener un panorama completo de la secuencia de los acontecimientos -recuerda el comodoro- “debemos remontamos a lo que fuera el inicio del viaje final del malogrado submarino Ara San Juan el 25 de octubre de 2017”, cuando zarpó de la Base Naval de Mar del Plata para realizar una serie de maniobras de entrenamiento con la flota de mar, y posteriormente patrullar el Mar Argentino, según la “orden de operaciones” que recibió el comandante Fernández, y no regresó más.
