Frente al avance del brote de COVID-19,Tucumán evalúa extender el estado de emergencia al sistema penitenciario. El Juzgado de Instrucción II, de turno durante el asueto judicial, emitió oficios para revisar la situación sanitaria y de encierro de alrededor 50 presos, tras los planteos de los abogados defensores.
Los informes fueron solicitados luego de que ese tribunal recibiera ayer unas 20 presentaciones de los patrocinadores solicitando el cese de prisión o, en caso contrario, el arresto domiciliario, según informaron fuentes oficiales.
El procedimiento contempla la consulta previa del médico forense sobre las patologías de los internos, informe que es vinculante con una decisión del magistrado. En este contexto, se tienen en cuenta personas con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), inmunosuprimidas o que necesitaran alguna asistencia mecánica.
“Siempre recibimos planteos por parte de las defensas. Hoy no fue la excepción. Por la inactividad en otros juzgados, gran cantidad de profesionales se arrimaron, más que lo habitual, a presentar o a consultar por las causas que tramitan. Frente a ello, habilitamos una línea de WhatsApp para poder atender sus requerimientos y evitar que se lleguen hasta el mostrador del Juzgado”, aclaró Gonzalo Ascárate, secretario del Juzgado II.
“Existe un principio que debe primar en todas las etapas que conforman el proceso penal. Es el ‘principio humanitario’, que se ve relacionado actualmente con la expansión del coronavirus de fácil transmisión entre los humanos. Los detenidos y los reos que se encuentran alojados en los establecimientos policiales y carcelarios de esta provincia no son ajenos a ese contexto. Hay que sumar la falta de atención sanitaria rápida y eficaz, lo que convierte a estos establecimientos en espacios propicios para la circulación del virus”, remarcó el abogado José Del Río en un escrito presentado ante el juzgado de turno.
Actualmente, según los últimos informes brindados por el ministerio de Seguridad, en los calabozos de las comisarías de toda la provincia hay por lo menos 1.000 detenidos, cuando tienen capacidad para albergar a menos de 450.
