Desde la organización de derechos humanos manifestaron su rechazo a la posibilidad que el Poder Ejecutivo de Tucumán adhiera al protocolo instrumentado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, para la actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas.
Para andhes, la aplicación del Protocolo aprobado en la reunión del Consejo de Seguridad Interior implicaría una violación a derechos fundamentales garantizados en la Constitución Nacional. Dicho Protocolo tipifica como delito (facultad exclusiva del Congreso Nacional, art. 75 inc. 12 de la CN) usar capucha, portar palos, combustible y pirotecnia, habilitando a las fuerzas de seguridad a “aislar e identificar” a algún manifestante en caso de que éste portara tales elementos. Asimismo prevé poner en conocimiento del magistrado competente que “se procederá a intervenir y disolver la manifestación”, por lo que mediante una mera comunicación a la autoridad judicial “auto-habilitarían” su actuación.
“Se trata de una grave afrenta contra el derecho constitucional a la protesta social y por ende, a la manifestación como una forma primigenia y genuina de ejercer ese derecho; limitar la protesta social es limitar derechos; criminalizar la participación social es debilitar la democracia; por eso rechazamos cualquier limitación que ponga en riesgo el derecho de todas las personas a expresarse, a peticionar a las autoridades, a manifestarse libremente”, expresó Ana Laura Lobo Stegmayer, Directora Ejecutiva de andhes.
Por otro lado, desde andhes expresaron que “es muy preocupante que dicho Protocolo se base fundamentalmente en limitar, obstaculizar y penalizar la protesta social y la libertad de expresión sin establecer ni regular de modo alguno cómo deberán actuar las fuerzas de seguridad; dando, en consecuencia, mayor importancia a la libre circulación, por sobre derechos de raigambre constitucional, incluso por sobre la integridad física de las personas.
En tal sentido desde el Área de Seguridad y DDHH de andhes, remarcaron la gravedad de que el Protocolo omita de manera deliberada referirse a la prohibición, por parte de las fuerzas de seguridad, de utilizar armas de fuego cuando intenten “disolver” una manifestación y que el mismo prevea en primer lugar realizar el desalojo y recién luego una mediación entre las partes involucradas; así como que se habilite a los miembros de las fuerzas a actuar de civil y sin identificación, lo que nos retrotrae a las épocas más oscuras de nuestra historia. Resulta repudiable, asimismo, la restricción y obstaculización de la labor de los trabajadores de prensa, labor gracias a la cual la sociedad se mantiene informada y que ha permitido, en casos emblemáticos, aportar prueba esencial para la resolución de los mismos.
Para la ONG, “la inconstitucionalidad del Protocolo queda expuesta en el tratamiento para las posibles acciones civiles por daños y perjuicios ocasionados en el marco de una protesta, dejando de lado lo estipulado en el Código Civil y Comercial”.
Finalmente, para la organización de DDHH, el Protocolo impulsado por el nuevo Gobierno Nacional implica un retroceso respecto de los “Criterios Mínimos para el Desarrollo de Protocolos de Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad Federales en Manifestaciones Públicas”, sancionado en el año 2011 y al cual la provincia de Tucumán adhirió.
