Ayer, una estudiante fue detenida por enviar un correo amenazando con una bomba en la Escuela Normal. Este caso es el primero en el que los investigadores identificaron a la posible autora de un mensaje de amenaza.
En el correo se decía que se colocaría una bomba en la escuela debido a problemas con el personal administrativo. Esto llevó al desalojo y la suspensión de las clases. La fiscal Mariana Rivadeneira inició la investigación y Google proporcionó la identidad del remitente basándose en la dirección IP. La presunta autora fue identificada como María José Lizárraga, estudiante de Biología en la escuela.
Se realizó un allanamiento en su casa y se encontraron teléfonos que se peritaron. Los resultados sugieren que existe una conexión entre el teléfono y la cuenta de correo que envió la amenaza. También se encontraron conversaciones en aplicaciones de mensajería que respaldan la teoría de que Lizárraga estuvo involucrada en la intimidación.
Rivadeneira acusó a Lizárraga de intimidación pública y solicitó su detención debido a la destrucción de pruebas que complicaba la investigación. Inicialmente, el juez rechazó la solicitud, pero luego, después de gestiones del Ministerio Público ante las autoridades judiciales, se concedió la detención.
En total, se han investigado 121 amenazas de bomba, siendo 110 dirigidas a escuelas y 11 a instituciones públicas. La Escuela Normal ha sido el objetivo de muchas de estas amenazas. Hasta ahora, ocho personas han sido procesadas por intimidación pública, algunas con prisión preventiva y otras bajo arresto domiciliario.
Este caso destaca la controversia entre la persecución penal de los responsables de amenazas y las diferentes decisiones de los jueces. Además, ha generado situaciones inusuales que han aumentado la polémica, como la intervención de la Oficina de la Mujer cuestionando la detención de la única mujer acusada de intimidación pública.
