La noche del lunes, un audio de WhatsApp con amenazas dirigidas al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y a varios jueces y fiscales de la provincia generó gran preocupación y llevó a un despliegue policial inmediato. El mensaje intimidatorio, enviado primero a una periodista, advertía sobre posibles agresiones a los hijos de Jaldo y de los funcionarios judiciales involucrados en el caso. Como respuesta, la Policía provincial llevó a cabo operativos en Villa 9 de Julio y reforzó la seguridad de los amenazados, logrando la detención de personas vinculadas al sospechoso.
El autor de las amenazas fue identificado como Miguelón Fernández, quien actualmente cumple condena en la cárcel federal de Marcos Paz, en Buenos Aires. Según fuentes judiciales, Fernández contactó a una mujer que grabó el audio con las amenazas. Se sospecha que el ataque estaba motivado por la condena que Fernández recibió, la cual siempre vinculó con cuestiones políticas relacionadas con el gobernador y los funcionarios judiciales.
Ante la gravedad del hecho, el jefe de la Policía, Joaquín Girvau, confirmó la activación de operativos para evitar que la amenaza se concretara. “Decidimos neutralizar cualquier posibilidad de que cumpla con la amenaza. Se detuvo a las personas vinculadas al sospechoso”, explicó. Además, se reforzó la seguridad del gobernador y de los jueces y fiscales mencionados en el audio.
Desde el Ministerio de Seguridad, el titular Eugenio Agüero Gamboa informó que, tras conocer la amenaza, se inició un operativo de inteligencia para garantizar la protección de los funcionarios. “Hubo amenazas a jueces, fiscales y el titular del Poder Ejecutivo. Una vez que tomamos conocimiento de esto, comenzamos con la tarea de inteligencia, reforzamos la seguridad de las personas amenazadas”, señaló.
Las autoridades aseguraron que no permitirán ningún tipo de intimidación contra los funcionarios. “Vamos a seguir luchando, avanzando y equipando a nuestras fuerzas policiales”, afirmó Agüero Gamboa. Mientras tanto, los operativos de allanamiento continúan y se espera la decisión de la Justicia sobre los próximos pasos. Hasta el momento, se mantienen 97 detenidos en relación con el caso.
Por su parte, el gobernador Jaldo expresó su apoyo a los jueces y fiscales afectados y aseguró que la situación no alterará su trabajo. “Lo primero que hice fue apoyar a los jueces y fiscales para darles tranquilidad”, declaró, reafirmando su compromiso con la seguridad y la justicia en la provincia.
