Valeria Jiménez, antes de recibir una orden de prisión preventiva de 60 días y un embargo de $3,000,000 por acusaciones de intimidación pública, expresó, “No puedo ir presa, soy la única que trabaja. El día a día de mi casa lo llevo yo”.
El 7 de agosto, se hizo una llamada de amenaza de bomba al Colegio Nacional, lo que provocó la evacuación de unos 1,200 estudiantes. La fiscalía investigó y vinculó la línea telefónica a Valeria Jiménez, madre de dos estudiantes menores de edad en el colegio, acusándola de intimidación pública.
Jiménez declaró que la línea telefónica está a su nombre, pero que la usaba su hijo mayor de 17 años, quien le dijo que no había hecho la llamada y que eran sus amigos quienes la realizaban. Afirmó que le pidieron prestado el teléfono ese día y luego borraron el historial de llamadas.
Las defensoras argumentaron que no había suficientes pruebas para considerar a Jiménez como autora de la amenaza. Presentaron evidencias, incluida una entrevista con una persona que estuvo con ella en el momento de la llamada.
La fiscalía pidió la prisión preventiva por 60 días, argumentando que quedaban pruebas por presentar y que Jiménez podría influir en los testigos, la mayoría menores de edad. También solicitaron un embargo de $3 millones.
La jueza aceptó los argumentos de la fiscalía y ordenó la detención de Jiménez. Esta situación se está volviendo común, ya que hay 15 casos similares en la fiscalía.
Las defensoras rechazaron los pedidos de prisión preventiva y embargo, mencionando que Jiménez es madre de familia, trabaja y nunca tuvo problemas legales. Solicitaron arresto domiciliario.
La jueza aprobó los pedidos de la fiscalía, y Jiménez se convirtió en la segunda persona detenida en un corto período.
Fuente: La Gaceta
