Anoche, la jueza Eliana Gómez Moreira ordenó la detención de Federico Paulino Ríos a petición de Mariana Rivadeneira, la titular de la fiscalía de Delitos Complejos. La justicia cree que este hombre está relacionado con la amenaza de bomba que ocurrió el 27 de julio en el colegio Santa Rosa. Es importante destacar que esta es la primera vez que detienen a un padre de una estudiante mediante una orden de captura, antes de que un fiscal solicite la prisión preventiva.
En la casa de Ríos, la policía encontró varias armas de fuego, como escopetas, pistolas, revólveres y cartuchos de diferentes tamaños. También confiscaron seis teléfonos celulares, tres unidades de almacenamiento USB, una computadora portátil y dos computadoras de escritorio.
El operativo fue realizado por agentes de la División Cibercrimen y el Departamento de Inteligencia Criminal (D2), quienes trabajaron en colaboración con el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que está bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal.
Qué dice la defensa
El abogado de Ríos, Arnaldo Ahumada, reclamó en un artículo del diario La Gaceta “la orden de allanamiento y detención es una enormidad. Ese día el mismo colegio había enviado un Whatsapp a los padres avisando que había habido una amenaza de bomba y él llamó al colegio para preguntar. No le contestaron y por esos dos segundos de llamada, con ese solo indicio la fiscala pide, y la jueza le da, el allanamiento y la detención”. Añadió que intentó presentarse en la fiscalía para que le tomen declaración a Ríos y que así se evite la detención, y que sólo lo atendió un empleado. “Esta detención es ilegal y es un escrache. El Ministerio Público Fiscal no puede dar una información de esta índole sin pedirle al arrestado que dé una explicación”.
Por otra parte, en la madrugada de ayer cayó el sospechoso de haber realizado la amenaza de bomba en la sucursal de la Caja Popular de Ahorros ubicada en la esquina de Juan B. Justo y Gobernador del Campo. Por este hecho se desalojó el edificio y la atención al público se vio truncada en la institución bancaria.
La Fiscalía de Delitos Complejos rastreó el origen de la llamada y ubicó a un sospechoso -cuyo nombre aún no trascendió- que fue arrestado en su casa de Alderetes. Deberá afrontar una audiencia de formulación de cargos hasta antes de esta noche. La Fiscalía le solicitó a la Caja Popular que informe mediante un escrito qué vinculación tendría el sospechoso. Por el momento no se pudo determinar si es (o fue) un empleado, un deudor, un acreedor o si tenía otros motivos para hacer la amenaza.
