La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó anteayer en Tucumán la sede del Ingenio La Fronterita, situada a unos cinco kilómetros de la localidad de Famaillá, y las oficinas situadas en Córdoba capital de la firma José Minetti & Cía. Ltda. SACI, en el marco de una causa en la que se investigan crímenes de lesa humanidad en el marco del Operativo Independencia, en un período que abarca los años 1975 a 1978.
La orden judicial, dispuesta por el juez federal Daniel Bejas, había sido requerida por el titular de la Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el fiscal federal Pablo Camuña, quien tras un año de recabar diferentes elementos de prueba en el marco de una actuación complementaria dirigida por la Fiscalía y de solicitar con orden del juez la entrega de documentación a las firmas ayer allanadas.
Al menos desde febrero de 1975, con el comienzo del Operativo Independencia, La Fronterita -es decir, el ingenio y su zona de influencia- fue sede de una de las bases militares donde se desplegó la denominada Fuerza de Tareas Rayo -una combinación de miembros de fuerzas armadas y de seguridad- y se puso en funcionamiento un centro clandestino de detención (CCD) “con el objeto de reunir personas secuestradas con el fin de extraerles información por medio de torturas y que estas personas en general luego eran trasladadas a otros CCDs de mayor envergadura”.
En efecto, ayer durante el procedimiento del que participó el fiscal Camuña junto a unos setenta efectivos de la PSA se secuestró en la sede del ingenio los legajos de víctimas de delitos de lesa humanidad que pasaron por la Base y el CCD, recibos de sueldos de la época, libros de personal (sueldos y jornales, personal, etc), archivos de litigios laborales y otros documentos de relevancia para la causa. En tanto, en la oficina de Córdoba se hallaron y fueron secuestrados libros contables y de balances.
En la causa se investigan los hechos de al menos 43 víctimas que pasaron por el CCD y la base militar. Se trata de pobladores del mismo predio que vivían en las colonias obreras del ingenio, como de trabajadores de la firma que vivían en otros lugares y habitantes de poblaciones adyacentes.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, en la base militar y el CCD se instalaron tres locaciones principales cedidas a los militares por la empresa propietaria del Ingenio. Los lugares cedidos fueron tres galpones denominados “Tambo”; los “Conventillos”, utilizados por los trabajadores golondrina durante la zafra, y la “Laguna” o “Campamento”, donde estaban las carpas del Ejército Argentino desplegadas alrededor de una laguna de descarte del Ingenio.
Sin respuesta, allanamiento
El fiscal Camuña requirió los allanamientos el 3 de mayo pasado. En su presentación, detalló el derrotero que siguieron diferentes pedidos de documentación a la empresa, que nunca respondió, y que, incluso, la documentación fue objeto de una medida cautelar el año pasado.
En ese sentido, remarcó que “pese a las reiteradas notificaciones, la empresa nunca cumplió con lo requerido y por lo tanto se desconoce cuál es la documentación que se encontraba en poder de la requerida al momento en que le fuera notificada la medida cautelar” en noviembre del año pasado.
Por esos motivos, Camuña reclamó “el registro domiciliario, allanamiento y secuestro de toda la documentación (los libros contables y administrativos señalados en la cautelar, pero además toda otra documentación relativa a la instalación de una base militar en el predio del Ingenio La Fronterita, convenios o acuerdos con los distintos estamentos gubernamentales del gobierno de facto entre 1976 y 1983, listados de personal correspondiente a dicho periodo, actuaciones de dicho periodo relacionadas a la actividad sindical dentro del Ingenio La Fronterita, etc.) incluyendo toda la que pudiera resultar relacionada a tales hechos” y “cualquier otro material de interés en lo relativo a las investigaciones en curso por delitos de lesa humanidad”.
Fuente: Fiscales.gob.ar
