Entre 15.000 y 70.000 usuarios del servicio eléctrico en Tucumán enfrentarán aumentos significativos en sus facturas durante el primer bimestre del año debido a una recategorización de subsidios dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación. Esta medida, basada en un análisis de datos económicos y laborales de los usuarios, afectará principalmente a los hogares de bajos ingresos que ya dependían de estos subsidios para afrontar los costos del servicio.
El interventor del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), José Ricardo Ascárate, explicó que la recategorización surge de una revisión del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) realizada en 2024 por la Agencia de Recaudación de la Nación (ARCA, antes conocida como AFIP). Los criterios utilizados incluyen ingresos, propiedades y la posesión de vehículos, dejando fuera a quienes no cumplan con los nuevos requisitos establecidos.
“Miles de usuarios que antes recibían el beneficio ahora quedarán excluidos. Nación tendrá que explicar esta decisión, ya que no depende de la Provincia”, afirmó Ascárate. El impacto de esta medida ya se siente en las boletas de enero y febrero, y se espera que aumenten los reclamos por errores en la segmentación tarifaria.
Para aliviar la situación de los hogares más vulnerables, Tucumán implementó en 2024 una tarifa social plus, que ofrece descuentos de entre $5.000 y $7.000 para los usuarios clasificados en la categoría N2 (de bajos ingresos). Sin embargo, la recategorización nacional pone en riesgo este beneficio para miles de familias.
El problema se hizo más visible tras una acción de amparo presentada por usuarios que denunciaron fallos en la segmentación. Ascárate señaló que el Ersept está revisando los datos para solicitar que los subsidios sean restituidos, aunque reconoció que las decisiones de la Secretaría de Energía de la Nación están fuera del alcance de la provincia.
Mientras tanto, el gobernador Osvaldo Jaldo buscará garantizar la mayor cobertura posible para los tucumanos afectados. La experiencia de Salta, donde una acción de amparo logró mantener los subsidios para familias de bajos ingresos, es un ejemplo que podría seguirse en Tucumán.
