El Gobierno Nacional anunció que planea enviar al Congreso un proyecto de ley que propone derogar la figura del femicidio del Código Penal, la Ley Micaela, el DNI no binario y otros cupos laborales y leyes vinculadas a la diversidad de género. Según se informó, la iniciativa será presentada durante las sesiones ordinarias y podría convertirse en un eje central de la campaña electoral de 2025.
Desde la Casa Rosada, aseguraron que el objetivo es eliminar todas las leyes que consideren “discriminación positiva” hacia minorías. María Ibarzabal, secretaria de Planeamiento Estratégico, trabaja en el desarrollo del proyecto bajo la supervisión de Santiago Caputo, asesor presidencial. Según el Ejecutivo, estas normas representan excepciones que “no resisten análisis” y que contradicen las políticas de igualdad impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
Entre las medidas más destacadas se encuentra la eliminación de la Ley 26.791, que agrava las penas por homicidios cuando hay violencia de género. Desde el oficialismo argumentan que “no hay diferencias entre el homicidio de un hombre y el de una mujer”. También buscan derogar la Ley Micaela, que obliga a capacitar a los empleados estatales en perspectiva de género y violencia contra las mujeres.
Otro punto clave del proyecto es la eliminación de los cupos laborales para personas travestis, transexuales y transgénero (Ley 27.636) y la Ley de Paridad de Género (27.412), que establece la representación igualitaria de mujeres y varones en listas electorales. Además, se propone revocar el decreto que creó el DNI no binario y la Ley de Identidad de Género, que permite a las personas adecuar su documentación y acceder a tratamientos médicos conforme a su identidad autopercibida.
El paquete de medidas incluye también la derogación de la Ley de Cupo en Eventos Musicales, que establece un mínimo del 30% de participación de mujeres en festivales. Desde el Gobierno aseguran que estas iniciativas buscan promover la igualdad de trato sin “privilegios” para ningún sector, mientras que la decisión ya genera críticas en diversos colectivos sociales y organizaciones de derechos humanos.
Fuente: Ignacio Salerno para TN
