La Unidad Fiscal de Delitos Complejos del MPF, cuyo titular es Marcelo Leguizamón, realizó este jueves una audiencia multipropósito con el objeto de proceder a la formalización de la investigación, formulación de cargos y pedido de medidas de coerción por un caso de usurpación ocurrido el 17 de octubre de 2020, en un inmueble ubicado en calle Balcarce al 400.
El auxiliar de fiscal, Guillermo Giordano, formuló la acusación contra la imputada de 29 años, quien se desempeña como abogada, por el delito de usurpación de propiedad, en calidad de autora, en base a la teoría del caso y los elementos probatorios reunidos hasta el momento.
Seguidamente, el Ministerio Fiscal solicitó para la acusada medidas de coerción de menor intensidad, entre ellas: fijar un domicilio, la obligación de estar a disposición de las citaciones que se formulen, la restricción de acercamiento a la víctima por el plazo que dure el proceso (a una distancia de 200 metros) y cualquier acto de turbación hacia él y a testigos (tanto de manera presencial, por medios tecnológicos o por terceros). “Es necesario cautelar el proceso para la averiguación de la verdad y que la imputada se encuentre ligada, evitando la fuga u obstaculización de la investigación, a fin de proteger a la víctima y testigos, resguardando la integridad física y psicofísica”, expuso el Auxiliar de Fiscal.
Finalmente, el juez actuante hizo lugar a lo solicitado por la Fiscalía y dispuso un límite a la medida de coerción de menor intensidad por el plazo de 60 días.
Además de la formulación de cargos y las medidas dispuestas para resguardar el proceso, en otro tramo de la audiencia, la Fiscalía pidió también la restitución provisoria del inmueble al dueño y víctima en la causa. Luego de una reunión entre las partes, a través de un cuarto intermedio, se acordó un compromiso a los fines del deber de entrega. En ese sentido, los abogados, en representación de la víctima e imputada, realizarán un inventario de la propiedad para dejar constancia de los elementos existentes.
Asimismo, la imputada se comprometió hasta el 1 de febrero de 2022 a desalojar de manera pacífica el inmueble. “Creo conveniente a los fines de resguardar el proceso y si vencido el plazo, hasta el 2 de febrero, no hace el deber de entrega, se ordene y autorice el allanamiento del mismo con el auxilio de la fuerza pública”, aclaró el Auxiliar de Fiscal.
Cerca de las 16:00 horas, del 17 de octubre de 2020, mientras unos albañiles se encontraban haciendo trabajos de mantenimiento en un inmueble de calle Balcarce al 400 que había quedado desocupado luego de un contrato de alquiler, la imputada junto a 6 sujetos (entre ellos, sus hermanos) se hizo presente en el mismo con el propósito de hacer despojo del lugar. En esas circunstancias, los albañiles dieron aviso al dueño de la vivienda. La víctima residía allí con su madre hasta que murió en 2016, año en el que le alquiló a una mujer el inmueble, quien tenía contrato hasta diciembre de 2020, pero se había retirado unos meses antes de finalizar el mismo.
Ella había compartido pensión con la imputada en otro lugar donde se conocieron, quien le pidió si se podía instalar por un tiempo, a lo que accedió. Sin embargo, la inquilina notó movimientos raros cuando comenzaron a ingresar paulatinamente su grupo familiar y acceder a otros lugares de la propiedad (no contemplados en el alquiler), entre ellos, a un local comercial colindante y del cual era inquilino un masculino. Según los testigos, no solo comenzaron a romper la pared sino a proceder al “robo hormiga”, en el que desaparecieron objetos (como ser una máquina de coser y un televisor).
