Por Mariana Romero-La primera declaración del juicio por el crimen de Paulina Lebbos duró casi cinco horas. Fue la del imputado por la muerte de la joven, Roberto Gómez, quien se declaró inocente y apuntó contra el fiscal de instrucción de la causa, Diego López Ávila.
Gómez, de 39 años, se presentó como electricista, padre de familia y víctima del caso, al igual que Paulina. Aseguró que su detención fue injusta y que López Ávila lo detuvo de manera injusta porque, según asegura, le reconoció que sabía que era inocente. Remarcó que las pruebas en su contra (habría usado el celular de la joven con su chip desde su desaparición) son contradictorias y que no se realizaron todas las pericias correspondientes.
Aseguró que el 26 de febrero de 2006 estuvo en la fiesta de cumpleaños de su abuela hasta cerca de las 6 de la mañana, motivo por el cual no puede ubicárselo en la escena de la desaparición y muerte de Paulina. Aseguró que una prima suya aportó fotografías de ese encuentro aunque no pudo especificar si esas imágenes contenían información acerca de cuándo fueron tomadas. Al día siguiente, agregó, volvió a la casa de su abuela para continuar con la celebración, junto a su familia.
Al año siguiente de la muerte de Paulina, Gómez fue beneficiado con un puesto de trabajo en la Comuna de San Andrés. El joven explicó que la entonces comisionada comunal le ofreció el puesto para el caso de ser reelecta y cumplió. Pese a ello, negó haber participado en la campaña electoral, se definió como una persona no interesada en la política y dijo que nunca estuvo afiliado al partido de la ex funcionaria, el Frente Para la Victoria. Negó también cualquier vinculación política de su padre o de cualquier miembro de su familia.
Dijo que, durante los siguientes seis años, vivió del trabajo en la comuna más otras tareas particulares de electricidad. Además, asistía con frecuencia al taller de reparación de televisores que tenía su padre en Alberdi 415, en la capital tucumana. El local quedaba a la vuelta de la casa de Virginia Mercado, amiga de Paulina y la última persona en verla con vida, justamente en la puerta de su domicilio, en La Rioja al 400. ¿Se conocían Mercado y Gómez? El imputado dijo que no, que por la zona vivían estudiantes pero que él no recuerda a la joven. ¿Por qué los informes de telefonía dan cuenta que tanto el padre de Gómez como la amiga de la víctima se comunicaron con una persona en común, acusada de narcotráfico? Es algo para lo que el acusado no tuvo respuesta.
En el año 2011, Gómez se compró un auto. Dijo que pidió un préstamo del Banco del Tucumán por $ 24.000 y que se lo otorgaron, pese a que, según declaró, su sueldo en la Comuna no pasaba de los $ 1.000 mensuales y su contrato se agotaba y renovaba cada tres meses. ¿Cómo obtuvo semejante beneficio financiero con sus magros ingresos, con una esposa sin sueldo (era ama de casa), con un trabajo sin estabilidad y sin casa propia para ofrecer como garantía? Es un asunto que Gómez no explicó porque ni la Fiscalía, ni la querella ni el Tribunal se lo preguntó.
El chip, la prueba central
Gómez declaró que utilizó su única línea en un único aparato, un Motorola V3 que compró en 2005 y mantuvo hasta 2011. Consultado sobre por qué los informes de la compañía Movistar daban cuenta de que su chip fue insertado en el aparato de Paulina a las pocas horas de su desaparición y fue utilizado en él durante años, Gómez dijo que ese hecho no está probado. Además, indicó que su línea telefónica estaba clonada y que había otros tres titulares utilizando su número. Agregó que, respecto del celular de Paulina, había también dos presuntos dueños aparte de la joven. Consultado sobre el origen de esa información, dijo que provenían de informes que tenía su defensa, elaborados por una compañía de celulares.
Durante un cuarto intermedio, la prensa preguntó a su abogado, Juan Macario Santamarina, si el teléfono que Gómez dice haber utilizado durante esos años fue debidamente peritado y respondió que no. Se le preguntó si iba a solicitar una pericia que pruebe los dichos de su defendido y respondió que no lo haría, por una cuestión de estrategia de la defensa. También dijo que no está citado a declarar ningún directivo de la empresa Movistar para que explique las inconsistencias en los informes a las que se refirió su cliente.
La investigación determinó que, en total, en el celular de Paulina se insertaron 17 chips durante los años siguientes y que, de una manera y otra, todos tienen algún vínculo con Gómez. El imputado negó esa posibilidad argumentando que su único chip siempre funcionó en su único equipo. Sin embargo, debió reconocer más adelante que eso no fue así cuando le leyeron parte de su declaración de la etapa de instrucción, en la que él mismo aseguró que, cuando le funcionaba mal su teléfono, intercambiaba aparato con su hermano. Además, había dicho en 2013 que, cuando llegaban taxistas al taller de su padre, le pedían el celular e insertaban chips para chequear si los teléfonos que se olvidaban los pasajeros ya habían pasado a “banda negativa” (bloqueo por extravío o robo). Gómez reconoció esas dos prácticas, aunque señaló que eran esporádicas y por cortos períodos.
Contra el fiscal
Gómez no estaba al tanto de la desaparición y muerte de Paulina porque, aseguró, no “era de ver las noticias”. Recién se enteró del hecho, dijo, en el año 2013, cuando lo involucraron. Dijo que el 27 de noviembre fue a Tribunales porque le dijeron que habían citado a su padre como testigo en una causa. Cuando lo encontró, el hombre le explicó que le preguntaron por tres números de teléfono y Gómez reconoció el propio en la lista, así que decidió ingresar nuevamente al edificio y explicar que le pertenecía (estaba a nombre de otra persona porque lo compró de manera informal). En ese momento, indicó, apareció el fiscal López Ávila, a cargo de la instrucción, y le dijo “chango, estás hasta los huevos, hablá que acá hay gente del poder involucrada”.
“Pasé diez días detenido en el ‘chancho’ de Tribunales”, explicó Gómez, reclamando que el pequeño cuarto no reunía las condiciones mínimas de detención. Luego, indicó, lo llevaron detenido al aeropuerto. En total, purgó tres años de prisión preventiva. “Siento que a mí me ha secuestrado la Justicia”, dijo. Y se quebró al recordar los problemas que atravesó su familia y, especialmente, sus hijas por ello. Su familia, presente en la sala, tampoco pudo contener las lágrimas. “Ese fue el fiscal, a mí me hacían ver a mi hija esposado”, insistió.
Gómez dijo que su situación se agravó cuando López Ávila apareció en el programa Buscando Justicia (Canal 8 de Tucumán) hablando sobre la causa. Él mismo se lo reclamó en un encuentro que, asegura, mantuvieron en privado. El diálogo durante esa reunión fue el siguiente: “’Usted sabe que yo soy inocente, a mi hija le dicen en la escuela que su papá es un asesino’, le dije. Me dice ‘Gómez, perdóname, no me he dado cuenta’. Me dice ‘yo sé que no tenés nada que ver’”. El imputando dijo que ese encuentro se realizó a pedido del fiscal y que, durante su desarrollo, López Ávila le dijo “yo soy dueño de hacer lo que quiera” y que le reconoció a sus familiares que él era inocente.
Las vinculaciones políticas
Ni participó de campañas electorales, ni de actos proselitistas, ni del ploteo de colectivos ni de ninguna otra actividad política. Es lo que repitió Gómez durante su exposición y ante las preguntas que le formularon la fiscalía, la querella, el actor civil y las defensas. “¿Usted sabe quién era el gobernador en 2006?”, le preguntó el abogado de Eduardo Di Lella, Gustavo Morales. “Creo que Alperovich o Miranda”, respondió el acusado. Dijo que al puesto que obtuvo en la Comuna se lo ofreció la delegada porque necesitaban un electricista y que, de vez en cuando, los llevaban a actos del 9 de Julio.
Cobró su último sueldo del Estado cuando fue detenido en 2013. A esa altura, indicó, ya había terminado de pagar el préstamo del Banco del Tucumán y cambió el auto por un modelo más viejo, por su complicada situación económica. En la actualidad, vive de trabajos de electricidad que le requieren sus vecinos que, asegura, lo apoyan de manera incondicional.
