El pasado domingo la comunidad católica tucumana festejó el Día de la Virgen de La Merced, pero un día antes una fuerte denuncia había generado un profundo escándalo la Iglesia de La Merced.
Una mujer de 35 años de apellido Sotelo, denunció el sábado a un párroco por un supuesto intento de abuso sexual, según informa El Diario 24.
Se trata del padre Hernán Alvarado, y lamentablemente este no es el primer escándalo inmoral que protagoniza este año.
Todo parece haber comenzado en enero, cuando Alvarado se desempeñaba como sacerdote en la parroquia “Espíritu Santo” en la localidad de Ranchillos, y recibió un subsidio de 100 mil pesos de parte de Cambiemos para reparar el techo del templo ubicado en la intersección de San Martín y Posadas, en la localidad del este provincial.
Tras extraños manejos de los fondos, la Iglesia local decidió apartar a Alvarado en las últimas semanas, investigándolo por “administración fraudulenta” y sobreprecios en las obras que se llevaron adelante.
Según informó el sitio El Diario 24, en Ranchillos detallaron que Alvarado además de recibir el subsidio, había organizado distintos eventos y bingos para recaudar “alrededor de 200 mil pesos”, para la obra de infraestructura que en un primer momento se encontraba valuada en apenas 130 mil. El dinero tendría que haber alcanzado, y con creces.
Sin embargo, la obra se hizo reutilizando los materiales del viejo techo, lo cual provocó un rápido desgaste de la misma, su posterior caída, y finalmente un nuevo trabajo que según las mismas fuentes, costaron cerca de medio millón de pesos. Tras su inauguración definitiva, el hecho le valió una “licencia por estrés” al párroco, que desde agosto pasaba sus días en la iglesia de la Merced, en la Capital provincial. Allí estuvo para celebrar el anuncio de Carlos Sánchez como nuevo arzobispo de Tucumán.
La mujer que hoy lo acusa, y que se desempeñaba en el templo como cocinera, afirma que Alvarado intentó abusar de ella carnalmente y previamente la manoseó en sus partes íntimas. La denuncia ya se encuentra en la fiscalía IV, a cargo del fiscal Diego López Avila, quien estudiará el caso para determinar los pasos a seguir.
Mientras tanto, el Arzobispado, a cargo del cardenal Luis Villalba, determinó la “inmediata intervención a la justicia a fin de seguir todas las vías legales que corresponden”, y adelantó que “seguirá lo que indica el Derecho Canónico para estas situaciones”. Alvarado pasará a gozar de una “licencia preventiva”.
