El concepto de femicidio fue utilizado por primera vez en un contexto jurídico en el año 1976 en el Tribunal Internacional sobre los Crímenes contra la Mujer en Bruselas por las feministas Diana Russell y Jane Caputi para denunciar formas de violencia extrema contra la mujer. La definición que se dio allí fue “ asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o sentido de propiedad de las mujeres”.
En Argentina, el término comenzó a popularizarse en la década del 2000, de la mano de los movimientos feministas que enunciaban -y denunciaban- como un hecho político y social los asesinatos de mujeres causados por hombres y motivados por la violencia machista. Poco a poco, el concepto de femicidio fue extendiéndose y en la prensa y en la vida cotidiana comenzó -titánica lucha de por medio- a reemplazar al deleznable término de “crimen pasional”.
El 14 de noviembre del 2012 se sancionó la ley 26.791 que modificó el artículo 80 del Código Penal Argentino incorporándole la figura del femicidio para quien matare “a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género.”
Se aplica cuando la muerte de una mujer es la culminación de la violación reiterada y sistemática de sus derechos humanos por parte de instituciones sociales y estatales. Hace hincapié en la responsabilidad del Estado -por acción o por omisión- en las muertes de mujeres. Las dificultades para denunciar, la falta de acompañamiento institucional a las mujeres que se encuentran en peligro o la ausencia de leyes que persigan este tipo de delitos son algunos de los argumentos que se encuentran en la base de este término. Pero también el desinterés o impericia en la búsqueda de desaparecidas, la falla en políticas de salud sexual y reproductiva, la marginalización sistemática de la población trans, cuando resultan en la muerte de la persona son causales de feminicidio.
En 2020 se duplicó la cantidad de niños, niñas y adolescentes asistidos económicamente porque su madre fue asesinada por ser mujer
- En 2019, 353 personas recibían una compensación mensual por haber dejado de estar al cuidado de una víctima de femicidio; en 2020, se sumaron 422, y hoy el Estado asiste a más de 800 personas.
- La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reportó que entre 2018 y 2020 al menos 640 niños, niñas y adolescentes quedaron desamparados porque su madre fue víctima de un femicidio.
- En algunos casos, las familias no cuentan con la documentación necesaria para acceder a los requisitos, lo que puede demorar el proceso para acceder a la compensación.
De acuerdo con la información enviada por la Secretaría de Niñez, entre diciembre de 2018 y marzo de 2021, se aceptaron 887 reparaciones (de 1.039 solicitudes presentadas) y se dieron de baja 71. Es decir que están actualmente otorgándose 816 pensiones.
De esas 71 bajas en la reparación económica, 70 son porque el titular alcanzó la edad límite para el programa, 21 años, y la restante, porque la persona asistida económicamente por el Estado murió.
Otro motivo de baja es el sobreseimiento o la absolución del o la progenitor/a y/o progenitor/a procesado en una causa penal por violencia de género. Pero hasta ahora no hubo ningún caso de baja de la reparación mensual por este motivo.
En 2020, hubo un aumento de las solicitudes vigentes: pasaron de 353 en 2019 a 775 en 2020. Es decir, se duplicó la cantidad de personas asistidas de un año al otro.
En 2021, se sumaron otros 53 beneficiarios hasta marzo, según la Secretaría de la Niñez de la Nación. Según La Casa del Encuentro, 103 fueron los hijos e hijas que se quedaron sin madre hasta abril de este año.
De las 887 solicitudes aceptadas en total desde que empezó a regir la “ley Brisa”, un 52% son mujeres, y la mayoría (304) son niños de entre 13 y 17 años.
A este grupo le siguen los jóvenes de entre 18 y 24 años (282) y los de entre 6 y 12 años (266). Del resto de las solicitudes, 28 niños tienen entre 1 y 5 años, 6 adultos tienen entre 25 y 45 años y una persona, más de 46 años.
La mayoría de los beneficiarios se encuentran en la Provincia de Buenos Aires (311), seguidos por Santa Fe (83), Mendoza (69) y Córdoba (66). Se trata de los principales centros urbanos del país.
De acuerdo con el Presupuesto 2021, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación estima alcanzar a 900 personas a través del programa de Reparación Económica, para lo que se asignaron $ 285 millones. Según datos del Presupuesto Abierto, hasta el momento se ejecutó el 33% de lo presupuestado.
“Además del trauma que les queda por lo que sucedió y en total desprotección, su vida comienza de nuevo, con todo lo que significa no tener los medios económicos para llevar adelante. Les cambia la vida a las familias percibir este dinero con el que niños y niñas pueden tener no sólo la parte económica sino la cobertura de salud”, explicó a Chequeado Ada Rico, presidenta de la asociación civil La Casa del Encuentro.
De todos modos, en casos de extrema vulnerabilidad, Rico mencionó que en muchas ocasiones las familias no tienen la documentación necesaria para acceder a los requisitos, desde un documento de identidad hasta la copia de la sentencia requerida o certificado de tutela para iniciar el trámite, por lo que es necesario “que cada provincia y cada municipio agilice la documentación”. “Hay lugares donde las familias no tienen una indicación clara de lo que necesitan” presentar, señaló.
