El actual conflicto se muestra como la peor cara de la desigualdad estructural en Colombia, que se ha profundizado con la pandemia de COVID19. Como la priorización de la acción represiva, demuestra la falta de capacidad política del gobierno de Duque ante un conjunto de demandas ciudadanas que se suman día a día buscando algún tipo de respuesta.
Desnuda desigualdad
Colombia ha sido atravesada en los últimos 50 años por el conflicto armado entre la guerrilla, el narcotráfico, los paramilitares y el ejército. Esta larga, sangrienta y sinuosa historia ha dejado el saldo de más de 900.000 muertos, el desplazamiento de más de 8 millones de personas, y el asesinato de cientos de líderes sociales.
El gobierno de juan Manuel Santos logro en 2016 realizar un histórico acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dando un paso definitivo para comenzar un largo proceso de sanación del país. Incorporó a miembros de esta organización a la vida política y negoció acuerdos similares con otras guerrillas menores. Pero el comienzo de una solución a ese conflicto puso en relieve los otros profundos problemas estructurales socio económicos que ocultaba Colombia desde hace décadas.
Colombia es un país conocido en el mundo por tener una larga estabilidad política, independientemente del conflicto de la guerrilla, ya que desde los años 50 se han intercalado democráticamente en el poder conservadores y liberales, mientras los números macroeconómicos no paran de crecer, con un crecimiento del 3,26 del PBI en 2019. Pero al mirar la distribución del ingreso Colombia, es el séptimo país más desigualdad del mundo, y el segundo de la región después de Brasil.
Colombia no ha generado cambios en la distribución del ingreso desde 1992. En 2019 el 10% de la población más favorecida poseía 4 veces más que el 40% de la población más pobre. A su vez hay más de 500.000 niños en situación de desnutrición crónica. Mientras en lo que respecta a la educación, en Colombia hay 2 millones de analfabetos, y solo el 44 % de los estudiantes llega a terminar el bachillerato, y de este número solo la mitad logra entrar a la universidad. Sobre este escenario la pandemia llevó el desempleo actual al 14%, y la pobreza en 2020 al 42,5% de la población.
La pandemia llevó el desempleo actual al 14%, y la pobreza en 2020 al 42,5%.
Impuestos y falta de ideas
En 2019 Iván Duque que ya poseía un 65 % de desaprobación, con un modelo económico que mostraba desgaste, en cuanto a lo que inclusión social se refiere. Entonces envió proyectos de reforma laboral y de pensiones que generaron más malestar en la población.
Este malestar económico termino de confluir en un gran paro nacional en noviembre del 2019. Donde a pesar de lo pacifico de las manifestaciones, estas fueron reprimidas duramente por la policía ocasionando la muerte de varios manifestantes. La llegada de la pandemia de COVID19 pareció dar una pausa a las protestas sociales, pero cuando en abril de este año el gobierno propuso una nueva reforma tributaria, esta se transformó en la chispa que volvió a encender el conflicto.
La reforma planteaba obtener 25,4 billones de pesos colombianos, unos 6800 millones de dólares, para paliar la crisis económica del país. Pero la reforma planteaba obtener el dinero mediante el gravamen de impuestos a una empobrecida clase media.
Y a su vez subir hasta un 19% el IVA a productos alimenticios, e incluso ampliar este aumento del IVA a la gasolina, electricidad y el gas, golpeando también a los sectores bajos. Esto origino un nuevo paro nacional iniciado el 28 de abril, con enormes y constantes movilizaciones en todo el país, generando que Duque retirara el proyecto, y renunciara el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
Subir hasta un 19% el IVA a productos alimenticios
Sin embargo, a pesar del retiro de la reforma tributaria, el paro continua. Es que solo había sido el catalizador de múltiples reclamos de un movimiento tan grande como heterogéneo. A tal punto que el comité conformado por los sectores que llevan a adelante el paro nacional, buscaban presentar a Duque diversos reclamos que iban desde: la renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual, defensa de la producción (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina).
Hasta la matricula cero para la educación, y detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato. El gobierno que tuvo la falta de criterio político y social para buscar un impuesto sobre los sectores medios y bajos, ahora debe dar, aunque sea en forma transitoria, respuesta a numerosos reclamos.
Violencia y represión institucional
La violencia ha llegado a tal punto, que un organismo reconocido como Human Rights Watch público un video donde se ve a policías disparar desde una tanqueta proyectiles hacia manifestantes. Y la ONU pidió a Colombia respetar los DD.HH. y garantizar el derecho a las protestas.
Esa misma violencia policial ha pasado a transformarse en uno de los reclamos del paro nacional: la represión a las protestas ha dejado al cierre de esta nota el saldo de 24 muertos, casi 100 desparecidos y cientos de heridos. Estos hechos han revelado la incapacidad de las fuerzas de seguridad colombianas para contener la protesta social.
Debido a que por más de 50 años la policía ha sido entrenada y estructurada en contexto de conflicto armado contra un enemigo en común: las guerrillas. Generando que al tratar con los manifestantes, muchas veces en vez de abórdalos como ciudadanos que reclaman democráticamente, estos son tratados como subersivos.
Al cierre de esta nota el saldo era de 24 muertos, casi 100 desparecidos
Mientras la corriente más reaccionaria del uribismo, del cual Duque proviene, reduce la complejidad del análisis de los reclamos sociales a un conjunto de conspiraciones orquestadas por Venezuela. la ciudadanía continua en las calles planteando múltiples demandas que por ahora parecen sobrepasar la capacidad de respuesta del actual gobierno.
Mientras la segunda ola de COVID19 avanza, en Colombia se empiezan a reclamar soluciones a problemas que han pasado desapercibidos por mucho tiempo en el centro de la opinión pública. Siendo que el futuro de la democracia colombiana dependerá de lo rápido y efectivo que esas demandas sean encauzadas y respondidas.
