El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), remarca que “mucha gente, aun teniendo un empleo privado registrado, no logra salir” de ese estadio social. Esta conclusión se basa de acuerdo a los datos del INDEC, que informó que en octubre el valor de la Canasta Básica Total (CBT) -que marca el umbral de pobreza- para una familia tipo alcanzó los $50.000.
El CBT es el conjunto de bienes y servicios básicos que una familia tipo necesita consumir para no ser considerada pobre. Si los ingresos que obtiene el hogar son inferiores a la “línea de pobreza”, entonces, se considera que esa familia es pobre.
Con relación a la generación de ingresos, en el mercado de trabajo se presentan situaciones muy distintas, indica el informe. “En general, los riesgos sociales aumentan cuando los miembros activos del hogar no tienen empleo (son laboralmente inactivos o desocupados) o tienen un empleo de baja calidad (informal). Pero también resulta interesante analizar la situación cuando las personas tienen un empleo asalariado registrado. Una manera simple de abordar este tema es observando la mediana de los salarios formales”, dice IDESA.
Este indicador mide el nivel de salario en el cual el 50% de los trabajadores está por debajo y el otro 50% está por encima. En otras palabras, si se ordenan los salarios de menor a mayor, la mediana es la remuneración que está justo en el medio de la distribución de salarios, destaca el trabajo.
En este sentido, según el Ministerio de Trabajo y el INDEC se observa que:
- En el año 2000 la mediana del salario privado registrado era de $ 43 mil, mientras que la línea de pobreza para una familia tipo era de $37 mil a precios actuales.
- En agosto del 2020 la mediana del salario privado registrado es de $48 mil, mientras que la línea de pobreza para una familia tipo es $45 mil.
- Esto significa que mientras que en el año 2000 la mediana del salario era un 15% superior a la línea de pobreza, en el año 2020 pasó a ser apenas 6% superior.
Estos datos muestran que en lo que va del presente siglo “hubo un fuerte deterioro de la capacidad adquisitiva del salario en el sector formal”. El fenómeno tiene asociado una profunda degradación social ya que implica que, aun para los trabajadores que consiguen un empleo en una empresa formal, es elevada la probabilidad de que sus remuneraciones no sean suficientes para superar la línea de pobreza, remarca el estudio.
Tradicionalmente los hogares eran pobres porque sus miembros en edad activa no conseguían empleo (inactividad o desempleo) o solo conseguían un trabajo de baja calidad (informal). Sin ingresos laborales o con ingresos reducidos, es muy factible de que la familia no llegue a tener ingresos superiores a la línea de pobreza. Pero con el deterioro del poder adquisitivo de los salarios formales, lo que está sucediendo es que, aun con un empleo asalariado formal, los ingresos no alcanzan para salir de la pobreza. Las connotaciones de este fenómeno son graves. Deja de ser válida la afirmación de que la salida de los planes sociales son los empleos formales, señala IDESA.
“La razón de fondo por la cual las remuneraciones se deterioran frente al costo de vida es la pérdida de productividad. La caída general en el nivel de vida de la población y, en particular, la mayor incidencia de la pobreza, es la consecuencia de que cada vez se producen menos bienes y servicios por persona. El correlato es que a cada persona le cuesta más conseguir esos bienes y servicios. La manifestación más extrema de la baja productividad es la alta y creciente cantidad de hogares que no cuentan con ingresos para acceder a la canasta básica que define la línea de pobreza. Cuando la baja productividad es tan masiva, el asistencialismo puede dar paliativos, pero nunca soluciones”, advierte.
En consecuencia, IDESA subraya que “elevar la productividad es un objetivo estratégico porque permitirá que se disponga de más bienes y servicios por persona. Esta es la única manera genuina de aumentar salarios reales y reducir la pobreza. Para lograr este objetivo es fundamental generar un contexto que incentive la inversión privada y un compromiso firme del sector público para priorizar la inversión en infraestructura y fundamentalmente en capital humano y educación de la gente. Esto requiere, como paso fundamental, una reforma integral y profunda del Estado”.
