El Ministerio Fiscal aportó hasta este jueves 7 mayo, como resultado de la aplicación del programa “Nadie en las calles”, la suma de $ 2.686.660 al Ministerio de Salud de provincia para apoyar la lucha contra el CODIV 19.
Este dinero proviene del concepto de reparación integral y probation, al que se acogieron todos aquellos que fueron sorprendidos violando la emergencia sanitaria decretada por el PEN y las disposiciones, en igual sentido, que emanaron del Gobierno de la provincia.
Esa suma, es producto de lo que pagaron y pagan todas las personas aprehendidos, los conductores infractores, los propietarios de los vehículos retenidos y los dueños de locales comerciales que no estaban exceptuados, quienes hacen efectivo el acogimiento al Instituto de la Reparación Integral (artículo 27 inciso 2 de la ley 8933 y demás concordantes) realizando un depósito bancario en una cuenta a nombre del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA).
Nace “Nadie en las calles”
Apenas el coronavirus se metió entre los argentinos y tras la inmediata reacción de las autoridades nacionales, el Ministerio Fiscal tomó rápidas medidas, entre las incluyó la defensa de la vida de los tucumanos. Así nació el programa “Nadie en las calles”, impulsado por Ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, bajo la órbita de la Fiscalía Especializada en Salud Pública, creada específicamente para poner en práctica esta iniciativa. El nombre lo decía todo: “Nadie en las calles”.
Con esa premisa los fiscales Carlos Picón y Mariana Rivadeneira, al frente de esa unidad fiscal, junto a 16 funcionarios de la misma, al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y las fuerzas policiales provinciales y nacionales, comenzaron con la tarea de concientizar primero y castigar después, a quienes en la vía pública mostraban su desaprensión por su propia vida y la de los demás.
Fueron sorprendentes los primeros operativos por la cantidad de aprehensiones diarias, que terminaron por habilitar el Complejo Deportivo General Belgrano para trasladar a los arrestados. Luego fue el gran número de vehículos que se retenían, lo que motivó que el Palacio de los Deportes, ubicado en el Parque 9 de Julio, sea el lugar elegido para mantener las unidades incautadas.
A este jueves, 7 de mayo, el total de aprehendidos desde el 20 de marzo asciende a 5.294 personas, mientras que son 3.236 los vehículos retenidos.
Propuesta: aceptación o rechazo
“¿Cuánto paga cada infractor?”, fue la consulta que el fiscal Picón contestó. “A eso lo propone el infractor, a través de un email que remite a una casilla de correo del MPF habilitada para tal fin salidasalternativascovid19@mpf
Tras ese trámite, desde el Ministerio Fiscal realizamos una serie de averiguaciones para conocer de quien se trata. Investigamos para saber si lo que está ofreciendo como reparación integral tiene que ver con su realidad económica o es sólo una operación para recuperar el bien y/o desligarse del problema, cuando en realidad el espíritu del Instituto de la Reparación Integral reclama una actitud superadora y de fortalecimiento. El Ministerio Fiscal ha considerado que esto tiene un sentido más humanitario, ya que todo el dinero colectado o recaudado en concepto de salidas alternativas, sea por reparación integral o probation, se destine a una cuenta bancaria del SIPROSA, para que el Ministerio de Salud de la provincia, pueda disponer de más fondos para continuar la lucha contra del COVID 19”.
También comentó Picón que los infractores son anoticiados que la salida alternativa no es una obligación, sino optativa y queda al libre albedrío de los mismos.
Como se controla el depósito
El protocolo diseñado para que se hagan efectivos los pagos prevé que una vez que el infractor hace el ofrecimiento económico, si desde el Ministerio Fiscal se acepta el mismo, se acuerda prescindir de la acción penal en su contra, una vez que esté formalizada la transferencia o el depósito bancario en la cuenta del SIPROSA.
La comprobación de tal diligencia se hace tras la remisión de una fotografía del anverso y reverso del comprobante de depósito que es recepcionado y verificado por la Fiscalía Especializada en Salud Pública. Recién, en ese momento, se procede a la devolución del rodado o el levantamiento de la clausura, según corresponda.
En el caso de los individuos es el mismo trámite. “No se trata que las personas pagan para recuperar su libertad. Cuando se les otorga el cese de prisión, pueden pasar 10 o 15 días sin que reaccionen. En esa instancia el Ministerio Fiscal conforma el Acta de Información, en la que consulta al infractor la actitud a asumir, al tiempo que le pone en conocimiento los derechos que le asisten con la continuidad de la causa pena en su contra”, cerró Picón.
