Junto al aumento del boleto requerido por los empresarios, el Concejo Deliberante de capital sancionó un proyecto de ordenanza que establece al transporte urbano colectivo de pasajeros como un “servicio esencial” para la comunidad.
Como primera medida, la norma establece que el servicio no podrá interrumpirse por ningún motivo, aún cuando medien razones justificadas, y que garantizar su continuidad y regularidad es una obligación de las empresas.
En este sentido, estipula que las concesionarias deben fijar un plan mínimo de prestación de servicio para todos los casos. Con este punto se busca evitar que las huelgas del gremio de UTA dejen sin colectivos a los tucumanos.
La concejala Sandra Manzone, autora original del proyecto –fue modificado por el presidente del cuerpo, Armando Cortalezzi, y el Departamento Ejecutivo-, explicó que en caso de huelga de choferes, las empresas deben asegurar la circulación de vehículos con una frecuencia similar a los días domingo.
Para aquellos que incumplan con esta disposición, se proyectan multas por montos que van de 1.000 a 10.000 veces el precio vigente del boleto. Es decir, con la última suba, de $24.000 a $240.000.
Por otro lado, también establece sanciones para las empresas cuyas unidades sean utilizadas en medidas de protesta para obstaculizar la vía pública. Para estos casos, la multa a pagar quedó fijado en 1.000 veces el valor del boleto por cada unidad utilizada. En caso de que la obstrucción persistiera por más de 2 horas o que las concesionarias fueran reincidentes en este tipo de medidas, serán sancionadas con la caducidad de la licencia y la inhabilitación para ofrecerse como prestataria del servicio por 10 años.
