Por: Sergio Farella- El 22 de mayo de 2012 fue un día agitado en Tribunales. El juez Norberto Oyarbide estaba en plena investigación sobre los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, acusados de desviar fondos públicos que recibían la Fundación Madres de Plaza de Mayo y su labor de turno con Policía Federal le trajo aparejado un hecho de repercusión internacional.
Un artefacto explosivo había sido encontrado en el Teatro Gran Rex donde al día siguiente tenía programada una visita el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe. La bomba estaba programada para detonar a la hora en que el ex mandatario realizara su visita, y en medio de la problemática local que existe en ese país con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC).
El artefacto fue encontrado dentro de una caja de cartón por personal de mantenimiento del teatro en un tercer piso, y la brigada explosivos de Policía Federal hizo detonar el mismo. Mientras Oyarbide estaba en uno de sus picos por la relevancia de las causas en su poder, se hizo de unos minutos incluso para realizar una inspección ocular en el Grand Rex.
Ante los periodistas el juez aseguró que se trataba de una bomba estaba preparada “para provocar muertes de personas cercanas”, y que su detonación iba a generar tal pánico como ocurrió en la tragedia de “Puerta 12” en el estadio de River en 1968 donde murieron 71 hinchas de boca atrapados en ese sector al intentar salir.
La bomba tenía un celular como detonador y era un elemento sofisticado, pero la Policía Federal a los pocos minutos y luego de analizarlo concluyó que “se trataba de una bomba de estruendo con efecto ruidoso”.
En el informe difundido por PFA esa noche, se aseguró que la bomba carecía de un poder explosivo metralla. Oyarbide acusó que la fuerza de haberle entregado falsa información a él o bien a la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré.
“Aparece una versión policial dando cuenta de que era una bombita de olor. No sé quién dio la orden para hacer un peritaje, porque quiero que sepa toda la gente que cuando un juez interviene, el único que tiene capacidad para realizar nuevos peritajes soy yo y ninguna otra persona”, dijo claramente ofuscado el juez.
Tiempo después, Oyarbide archivó la investigación sin que se haya dado con el autor del presunto atentado. La fiscalía apeló y ahora la Cámara Federal le ordenó al juez seguir investigando porque “no está agotada”.
Los jueces Horacio Cattani, Eduardo Farah, y Martín Irurzun consideraron que era “prematura” la decisión de Oyarbide de archivar la causa, y “sin perjuicio del resultado negativo o positivo” quedan algunas medidas de prueba por hacer.
Fuente: Infobae
