La Justicia Federal busca a Susana Trimarco, la presidenta de la Fundación María de los Ángeles, para que explique qué sucedió con el anticipo de $5,6 millones que recibió del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para ejecutar obras públicas.
Según el fiscal Carlos Brito, la activista antitrata no pudo ser notificada de manera oficial para que preste declaración indagatoria en la causa que la acusa de la presunta comisión del delito de defraudación en perjuicio del Estado nacional.
Al no poder hallar a la madre de Marita Verón, también fracasó la convocatoria de la acusada Alicia Trimarco, tesorera de la ONG y prima de la presidenta. El tercer imputado, el secretario Gastón Robles, pidió la postergación de la audiencia por un compromiso profesional previamente asumido.
Por su parte, Betina Laguna, invocando ser abogada de la Fundación propuso usar el domicilio de esa entidad para las notificaciones porque Susana Trimarco estaría radicada en Córdoba.
En este marco, el juez federal N°1, Daniel Bejas, le dio un plazo de 24 horas a la letrada para que indique si actúa como defensora de Trimarco e informe sobre su domicilio actualizado. De este modo podrán emitir una nueva citación o endurecer la búsqueda de la acusada.
Desde el entorno de Trimarco aseguran que tiene intenciones de declarar y no descartan que se presente sin aviso previo en los Tribunales Federales de Tucumán.
La denuncia contra la activista surgieron a partir de una auditoría realizada por el Gobierno de Cambiemos que detectó días antes del cambio de mandato el giro de dinero desde el ministerio de De Vido a Trimarco para que remodelara un jardín de infantes, entre otras obras que no se ejecutaron.
