Los legisladores José María Canelada, Adela Estofán de Terraf y Eudoro Aráoz, junto a más de 30 vecinos de calle Maipú al 1200, denunciaron penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público a Alfredo Calvo, Sergio Sánchez y Hugo Cabral.
Desde 2010 que sistemáticamente sufren el corte total o parcial y en forma prolongada del suministro de agua. En junio de 2013 los vecinos iniciaron una serie de denuncias ante la Sociedad Aguas del Tucumán, la Defensoría del Pueblo y el Ente Regulador de Servicios Públicos, pero hasta ahora no encontraron una solución al problema de falta de agua en Maipú 1100, 1200 y 1300. Según detallan en la denuncia presentada, los tres organismos tenían conocimiento de la situación. Incluso la SAT había detectado el problema, según consta en acta labrada en la Defensoría del Pueblo en diciembre pasado: “es de hierro fundido y se encuentra obstruido en varios tramos, siendo necesario cambiar o destapar la cañería, obra pedido con prioridad y a la espera de la aprobación”.
En sus actuaciones la Defensoría recomendó a la SAT y el ERSEPT que arbitre los medios para devolverles el servicio a los vecinos de Maipú al 1200 y zonas aledañas. Para ellos el ex defensor no utilizó todos los medios legales para exigir a la empresa que devuelva el agua en la zona. En la denuncia precisan que pese a este mal servicio, en estos seis años no dejaron de pagar la boleta.
Canelada aseguró que “los vecinos han sido abandonados por la SAT y por los funcionarios públicos de Tucumán, tanto los del ERSEPT como el Defensor del Pueblo, por eso venimos a decirle ‘basta’ a los funcionarios que no cumplen con su tarea, que cobran un sueldo para hacer nada y que no se ponen a la par de los tucumanos”. Por su parte, Estofán de Terraf declaro: “Con los vecinos venimos trabajando hace tiempo. Ellos han sido privados de un bien público, privados de un derecho humano fundamental como es el agua. ¡No tienen agua desde el 2013!”. Por último, Aráoz explicó: “Es evidente que hay un incumplimiento de los deberes de funcionario público porque las autoridades competentes no han resuelto el tema, no han atendido el reclamo de los vecinos, y la SAT ha incumplido su deber de provisión de agua”.
