La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó en el Congreso la “lucha contra el narcotráfico” y reveló que en lo que va del año ya se detuvieron a 49.219 personas.
“Hemos incautado 392 toneladas de marihuana. Comparado con enero de 2016, es un aumento del 8,42%”, subrayó la ministra, al tiempo que sostuvo que, en zonas de frontera, el mayor nivel de incautación se da en las provincias de Misiones, Corrientes, y Formosa y que “la novedad es que aparece Salta”.
La funcionaria no brindó números de incautación de cocaína, pero aseguró que “sacando las grandes ciudades” y tomando las fronteras, “las zonas de Salta, Jujuy y Santiago del Estero” son las que registran “más nivel de incautación” de esa sustancia, junto a la provincia de Misiones.
“En la lucha contra el narcotráfico llevamos 49.219 detenidos, con un 36% de detenidos que sale rápidamente por lo que es el trámite de tenencia para consumo”, sostuvo Bullrich y agregó que “en Santa Fe se da el mayor número de detenidos”.
El 36% representa 17.718 personas que fueron apresadas con cantidades menores a las exigidas por ley para ser considerado un narcotraficante. Datos del Poder Judicial indican que dos de cada tres causas penales abiertas por los efectivos de turno por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes son por “consumo personal” y que prácticamente todas pasan a archivo, o quedan como trámites por tenencia simple.
La estadística oficial vuelve a poner en relieve la conveniencia de la despenalización de las drogas para uso personal. Aunque el fallo “Arriola” de la Corte Suprema de Justicia del 2009 sentó el precedente, la Argentina todavía no avanzó con una normativa que contemple estas situaciones.
El fiscal federal Federico Delgado es uno de los impulsores de la despenalización. Su principal queja es el despilfarro de recursos (energía, dinero y tiempo). “Es lo que hace falta para casos más complejos”, sostuvo. Delgado planteó enfocar los objeticos de las fuerzas de seguridad en la “caza” de peces gordos de la droga.
La congelada reforma del Código Penal contemplaría una reforma. No sería delito si la cantidad es “escasa” y se consume en el ámbito “privado”. Hoy, la 23.737 establece penas de hasta dos años de cárcel, pero la sentencia de la Corte en el caso Arriola lo declaró inconstitucional, según lo establecido por en el artículo 19 de la Constitución nacional.
En este marco, se aguarda por el demorado texto definitivo de nuevo Código Penal que el Gobierno debe enviar al Congreso. El presidente de la comisión redactora de la reforma, el juez Mariano Borinsky, anticipó que la ley incorpora el cambio para evitar gastos innecesarios. “Estamos plasmando lo que ya establece la jurisprudencia”, expresó.
