El país no transita su mejor momento económico y puede notarse en cada medida qué realiza. Un ejemplo muy doloroso, que quizás nadie esperaba, el recorte presupuestario a la “discapacidad”. Si aunque cueste créerlo es así,triste y difícil de entender que hace prácticamente un año la obra social “Incluir Salud”, perteneciente al estado no está abonando las prestaciones. Es decir que las instituciones educativas y terapeuticas,los profesionales que atienden a las personas con discapacidad y los transportistas,no tienen las tarifas actualizadas ni cobran por su trabajo.
En Plaza Inpendencía cientos de profesionales marcharón junto a sus pacientes acompañados por sus padres que temen por la continuidad de sus tratamientos. A ellos se le sumarón también los transportistas que asegurán que cada día se hace mas difícil la situación y siguen adelanté por que piensan en los chicos.
La marcha estaba encabezada por esos pequeños seres llenos de luz,que poco entendían lo que pasaba, acompañados por sus doctores que los ayudan día a día para mejorar su calidad de vida. Entre la recorrida,se podía observar como a alguna mamá angustiada se le escapaba alguna lágrima sin saber lo que pasará con su hijo.
El reclamo es justo nos cuenta Pablo Martínez, quien es transportista y asegura que cada vez se hace mas pesada la situación. “Estamos exigiendo que se regularice el pago,que se actualicen las tarifas , que se de cumplimiento con todas las prestaciones y que nose quiten algunas pensiones, por que realmente lo necesitan“manifestó .
Pancartas,cánticos y aplausos se escucharon mientras algunos representantes del gobierno provincial los recibió, la Secretaria de Gobierno Carolina Vargas Aignasse fue la encargada de dialogar con ellos y pedir directamente una audiencia con la Agencia Nacional de Discapaciad qur esta a cargo de la Vicepresidenta Gabriela Michetti,para que los atienda y pueda darle una respuesta a cientos de tucumanos.
Pasando en limpió son 15.000 pacientes los que pertenecen a esta obra social y se ven afectados, con el agravante que pertenecen a una clase social vulnerable y no tienen otra ayuda social. Son más de 60 las instituciones que se ven afectadas, lo que genera un incumplimiento en los salarios y pensar en recortar personal.
La situación es alarmante,para un sector social que realmente debería estar mas que protegido,ya que tenemos una Vicepresidenta que es discapacitada y entiende o quizás conoce un poco la realidad de estas personas.
