El anuncio fue formulado por el titular del FIN, Gervasio Muñoz durante una conferencia de prensa que contó con el apoyo de organizaciones de inquilinos de La Pampa, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Neuquén, la Defensoría del Inquilino porteño y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
“La principal problemática son los aumentos indiscriminados”, sostuvo Fabiana Happel, de la Organización de Inquilinos de La Pampa, donde el sector inmobiliario “habla de un treinta por ciento mientras que la realidad es otra”, ya que llegan hasta “un 60 por ciento”.
Uno de sus puntos más importantes se refiere al plazo de los contratos, que pasaría de dos a tres años, para garantizar “mayor estabilidad a las familias de inquilinos, quienes cada dos años tienen mudarse, pagar comisiones y negociar aumentos”, explicó en diálogo con Télam el referente del FIN, Gervasio Muñoz.
El texto también contempla que los valores de los alquileres “estén atados a los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)” y que la devolución del depósito se haga “en el momento que el inquilino entrega la llave, porque las inmobiliarias se los suelen quedar, en los contratos dice que será devuelto después de 60 días de terminado el mismo y esto no sucede”, informó Muñoz.
También se exigirá que sea “de orden público” la obligación de los dueños de mantener la vivienda en buen estado, ya que si bien el Código Civil así lo establece, “en los contratos obligan a los inquilinos a renunciar a ese derecho y los hacen responsables del mantenimiento”, añadió.
El nuevo Código Civil, que entró en vigencia en agosto del año pasado, derogó la Ley Nacional de Alquileres 23.091 -la única ley especial referida a esta problemática- y “absorbió” algunos de sus artículos pero “muchos puntos quedaron sin regular”, sostuvo Gervasio Muñoz.
En tanto César Gatica, también representante de La Pampa, denunció que en su provincia no se cumple con la legislación local, la cual dice que la comisión inmobiliaria debe ser del seis por ciento, dividida en partes iguales entre el dueño y el inquilino, “pero están cobrando (al inquilino) entre un mes y un mes y medio, lo cual es absolutamente ilegal”.
Gatica denunció también “discriminación” hacia aquellas familias con hijos que buscan alquilar, “a quienes les resulta muy difícil conseguir”.
Pamela Gaita, de la Unión de Inquilinos Neuquinos, subrayó que en esa provincia la problemática de los “contratos abusivos” es similar a la del resto del país pero con la “particularidad” de que allí “se ven precios mucho más elevados” debido a “la especulación relacionada con el petróleo”, aunque “sólo el cinco por ciento de la población vive” de esa actividad.
“Este proyecto de ley apunta a garantizar y ampliar los derechos de los inquilinos, creemos que en la reforma del código civil no se contempló el desequilibrio del mercado inmobiliario, donde el inquilino siempre está en situación de inferioridad porque se especula con una necesidad básica como la vivienda”, declaró.
Gaita también consideró un “retroceso” la derogación de la ley 23.091 y valoró como “insuficientes” las regulaciones contempladas en el nuevo código, que dejan por fuera asuntos como “la comisión, los garantes y el depósito”.
Por su parte, el presidente de la Asociación Platense de Inquilinos, Germán Schierff, vinculó la situación de emergencia habitacional de la provincia de Buenos Aires con la falta de regulación, ya que “aquellos que no pueden acceder a un alquiler deben optar por vivir en asentamientos precarios”.
