La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal reactivó la investigación penal que procura esclarecer si la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) contamina el cauce de la cuenca Salí-Dulce. Así, por un fallo unánime, los camaristas Ana María Figueroa, Norberto Federico Frontini y Roberto José Boico anularon la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que había recogido un planteo de Alfredo Calvo, presidente y gerente general de la compañía, quien sostuvo que la actividad denunciada no constituía delito.
El caso tiene un largo camino recorrido. La vecina María Elba Ledesma el 6 de abril de 2009 hizo su primera presentación en donde relataba cómo los líquidos cloacales de la planta San Felipe contaminaban la cuenca Salí-Dulce y que, los días que subían las napas, su vivienda se llenaba de agua servida.
La presentación de Ledesma cuenta con el aval del fiscal federal de Tucumán, Gustavo Gómez. “Pedimos la indagatoria del ingeniero Alfredo Calvo (titular de la SAT) para rendir cuenta por denuncia de contaminación. Sería un caso testigo en el país y serviría como antecedentes para otros lugares”, aseguró el fiscal en contacto con el Diario LA NACION.
Ledesma recordó que de la inauguración de la planta de tratamiento San Felipe participó Cristina Kirchner: “Esto es gravísimo. La Presidenta inauguró algo que no estaba terminado y que no tenía estudio de impacto ambiental. Y está junto a una población y a un mercado de frutas que abastece a numerosas provincias”.
Así también lo asegura Gómez: “Supuestamente se inauguró esa planta de tratamiento, pero si uno va, allí sigue todo en construcción y, mientras tanto, se sigue volcando al río. Mientras tanto, en medio de la ciudad también hay desbordes cloacales de donde brotan verdaderos geisers”.
Javier Augusto De Luca, fiscal general N°4 ante la Cámara de Casación, dijo que en ese lugar la empresa debería dar tratamiento a los residuos cloacales de San Miguel de Tucumán.
“Del recurso interpuesto por el fiscal (Gómez) surge claramente que la conducta denunciada consistió en el vertido de residuos al cauce natural de los canales que desembocan en el río Salí sin imprimirles el correspondiente tratamiento a los efluentes cloacales”, expresó De Luca en el dictamen. El fiscal ante la Cámara de Casación agregó que estos hechos generaban una situación de peligro ambiental para la población de las provincias de Tucumán y Santiago del Estero: “En particular, de la gran cantidad de gente que vive en las zonas de influencia de la planta de tratamiento, habitantes que padecen los efectos de la actividad contaminante en sus propias personas puesto que están permanentemente sujetos a diversos riesgos patológicos”.
Fuente: Laura Rocha LA NACION
