Sería una agonía de menos de tres horas. La madrugada del sábado, Javier Hernán Molina, de 25 años, llegó al Hospital Padilla con una puñalada en el pecho. Permaneció allí desde las 5.45 hasta alrededor de las 8 cuando los médicos le comunicaron a su familia no habían podido salvar su vida.
Sus familiares se enterarían que en el transcurso de la mañana del sábado de la detención de Ariel Fernando Páez, de 38 años, sindicado como el homicida. Una brutal pelea en la calle había precedido el homicidio que involucraba al sospechoso: Páez ni siquiera se había inmutado por lo sucedido. Dormía en su casa cuando su madre lo despertó para decirle que unos policías lo buscaban. ¿Que había pasado?
La víctima. Una foto con un amigo compartida durante la reunión y minutos antes de la pelea que terminaría con su muerte.
Para muchos, los festejos por el Día del Trabajador se habían prolongado a más allá del fin de semana largo pasado. Un grupo de compañeros habían decidido realizarlo en una casa de 9 de Julio al 900. En ese lugar, estaban Páez, el acusado y Molina, los protagonistas de una discusión en la que hubo provocaciones, insultos, golpes de puño. Molina, un practicante de artes marciales: enseñaba Kick boxing y Jiu Jitsu. Desde luego, eso habría marcado una diferencia a la hora de la eventual pelea. Páez no se amedrentó ante eso y la discusión siguió en aumento. Una situación violenta que se trasladó afuera del inmueble donde la pelea siguió ante la vista de los testigos. Según afirman, pese a que quisieron en algún momento separarlos, nadie pudo torcer el final de tragedia. Páez sacó un arma blanca que llevaba oculta y le asestó una puñalada furiosa a la altura del corazón.
El sospechoso, aprehendido en su propia casa en pasaje Chazarreta al 2000, es hijo de Serafín Páez, una de las autoridades del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio (SEOC). Los pesquisas advirtieron que el hombre había lavado la ropa que llevaba puesta durante la pelea y que estaba manchada con la sangre de la víctima. No obstante, las prendas fueron secuestradas para su pericia por los expertos de la División de Medicina Legal por pedido de la fiscal Carmen Reuter.
Desde el inicio, la investigación tropezó con inconvenientes debido a que nadie quería decir demasiado e involucrar al sospechoso.
