Un ex legislador confirmó que le dio un nombramiento al novio de Paulina Lebbos

El ex legislador Juan Eduardo “Pinky” Rojas brindó testimonio en el juicio por el crimen de Paulina Lebbos y confirmó que fue él quien le consiguió al novio de la víctima, César Soto, un nombramiento en la Legislatura. Sin embargo, detalló que el joven no tenía asignadas tareas en favor del Poder Legislativo, sino de carácter “proselitistas” para él.

“Se nos acercó, quería trabajar políticamente, socialmente y me dice que tenía una hija, que no la podía ver y que necesitaba un trabajo para poder acercarse a ella, darle una obra social y cubrir la pensión alimenticia. Entonces, él se ofreció a trabajar socialmente, políticamente, a hacer pasacalles, tareas de pintura. O sea, una tarea proselitista”.

Rojas admitió, sin embargo, que el sueldo era pagado por la Legislatura. “Tenía la categoría más baja”, explicó. Detalló que el nombramiento se produjo en abril de 2007 y se extendió hasta que terminó su mandato, en agosto de ese año. Luego, admitió, Soto volvió a trabajar políticamente, pero esta vez para la campaña de su esposa, Rosa Augier, cuando se postuló al cargo de Concejal de San Miguel de Tucumán.

Consultado sobre las tareas específicas que tenía asignadas Soto, Rojas admitió que no desarrollaba su labor en el edificio legislativo ni tampoco cumplía horarios. “Es una realidad, yo tenía secretarias y asesores en un espacio reducido. Las demás personas trabajaban en el barrio, donde ellos me preparaban las reuniones, ellos venían para decirme ‘la familia tal está pasando esta situación, necesita estos remedios, necesita la ayuda’”, explicó. Y argumentó que él y su esposa son “personas territoriales y ese circuito es de una pobreza acentuada”

La situación de Soto
La noche en que desapareció, Paulina le dijo a su amiga Virginia Mercado que se dirigía a la casa de su novio pero, en principio, nunca llegó. Las miradas entonces apuntaron contra Soto porque, de acuerdo a varios testimonios, había tenido episodios de violencia hacia la joven y no mostraba (de acuerdo a algunos testigos) mayor preocupación por la desaparición de su mujer. Sin embargo, nunca fue imputado.

Tras la muerte de Paulina, Soto reconoció legalmente a la hija de ambos, Victoria, de cinco años y le puso su apellido. Entonces, pidió ser querellante en la causa, desplazando a Alberto Lebbos que quedó fuera por varios meses. Luego, abandonó la querella.

En esa época, inició un juicio civil para conseguir la tenencia de la menor, que continuaba viviendo en la casa de su abuela materna bajo el cuidado de sus tías. “Pinky” Rojas, entonces, le consiguió un abogado, según reconoció en el juicio. Le presentó al letrado Karim Kanan, quien trabajó para Soto sin cobrarle nada. Kanan también estaba designado por Rojas en la Legislatura.

“Toda la gente, los vecinos, me hablaban muy bien de Soto y que lloraba por su hija. Él me juraba y me rejuraba que no tenía absolutamente nada que ver con la muerte de Paulina”, relató Rojas. Más tarde, el abogado Carlos Tejerizo le preguntó si sabía si Soto finalmente cumplió con el régimen de visitas a su hija. “Me dijo que no, que no pudo”, fue la respuesta del dirigente peronista.

Algo personal
Rojas aprovechó su declaración como testigo para exponer que, en abril de 2006, él y otros parlamentarios interpelaron en el recinto al entonces ministro de Seguridad, Mario López Herrera (había asumido en reemplazo de Pablo Baillo, que renunció por el escándalo Lebbos) para que dé explicaciones de las numerosas irregularidades del caso. Contó que la iniciativa se originó en un pedido del padre de Paulina y fue firmada por los legisladores del bloque del Partido Justicialista, aunque diez de ellos no quisieron acompañarla.

“Ese fue un punto de inflexión, porque se apartan de nuestro bloque, prácticamente se quiebra cuando diez legisladores no firman el pedido de interpelación. Algunos de ellos son Beatriz Ávila de Alfaro, Paula Khoder, Olijela del Valle Rivas, Regino Amado y (José Alberto) Cúneo Vergés”, enumeró.

Además, dijo que la legisladora Khoder había accedido en un principio, pero luego retiró la firma porque el entonces gobernador José Alperovich había dicho que la interpelación al ministro era “un ataque hacia su persona”.

Polémica en el recinto
Una importante discusión se desató cuando el abogado querellante, Emilio Mrad(representa a Lebbos) le preguntó si, cuando lo designó, sabía que Soto estaba sospechado en la causa. Cergio Morfil, abogado defensor del ex jefe de la Regional Norte de Policía Héctor Rubén Brito, reclamó que no se llame “sospechoso” al novio de Paulina, en vista de que él había pedido el día anterior que se lo investigue por el crimen y el Tribunal había resuelto diferir la resolución.

Mrad, entonces, le respondió que si se acusaba a Soto antes de que finalice el juicio se  corría el riesgo de que sea sobreseído antes de que se terminen de producir todas las pruebas. Entonces, remarcó, no se lo podrá juzgar otra vez por el mismo hecho. “Le quiero decir que Soto está sospechado desde el primer día hasta hoy. Si ellos tienen los elementos de prueba las hubieran acompañado antes; tuvieron muchas oportunidades y no lo hicieron”, remarcó airadamente. Destacó, además, que quienes ahora piden la imputación del novio de Paulina tuvieron 12 años para investigarlo, tal como él pidió desde 2006. “En ese año, las tareas de investigación estaban a cargo de la Policía y ellos le pedían acciones al fiscal. Se cometieron atrocidades en esta causa. A Soto deberían haberlo detenido el primer día”, reclamó

El presidente del Tribunal, Dante Ibáñez, consideró que, si los imputados tenían pruebas contra Soto podrían haberlas hecho valer antes. “Le asiste razón a la querella en que, si alguien hubiera querido que se lo investigue a Soto, en el requerimiento lo podría haber hecho tranquilamente”, remarcó