Por Sergio Silva Velázquez– “A mí no me gustan los putos…eso sería una vergüenza para mi familia”. El joven de apariencia pequeña-casi insignificante-sorprendido en la casa donde sería capturado, apenas parecía entender la magnitud del hecho que se le adjudicaba. La fiscalía que conduce Adriana Reinoso Cuello se apoya no en una sino en una serie de evidencias para vincular a Maximo Alejandro Abraham con los crímenes de los policías Cristian Peralta y Sergio Páez González. Para empezar, espera el resultado de los peritos científicos de eventuales restos de material genético en la camioneta secuestrada donde estuvo la testigo principal del hecho. Pero también la acusación se basa en información clave surgida de escuchas telefónicas y el eventual reconocimiento de la referida testigo, una mujer trans que presenció la secuencia de los crímenes. La captura del sospechoso se dio en el marco de un sigiloso, incesante y sincronizado procedimiento al que tuvieron acceso solo integrantes de un equipo especial para evitar cualquier filtración de la pesquisa. Miguel Gómez secretario de Seguridad coordinó el operativo con José Díaz, Jefe de Policía y los comisarios Jorge Dib y Daniel Bernachi, de la División Homicidios.
En el medio, hubo una audaz jugada que empezaría a sellar la suerte del buscado. En los días que estuvo prófugo Abraham, propietario de varios inmuebles- entre ellos los hoteles alojamientos que componen un negocio familiar- intentó deshacerse de ellos. La conjetura indica que el principal sospechoso quería solventar un temerario plan de fuga que lo colocaría con el tiempo fuera de las fronteras del país. Eso era, al menos, lo que bullía su imaginación acelerada. Hubo un puntapié fundamental para esa idea: un allegado a la familia–un sólido empresario del rubro del transporte–que le había propuesto que “le transfiriera” dos inmuebles a cambio de una supuesta protección. El joven consideró esa propuesta durante días-su familia llegó a preocuparse por ello-y hasta acordaron concretar la operación en la tarde del jueves en una escribanía. Para ese entonces, la policía ya seguía de cerca los pasos de los principales allegados del sospechoso con el firme propósito de darle caza. Un familiar directo, en cambio, le pidió que le transfiriera el dominio de esas propiedades para ponerlas a salvo de un costoso litigio civil de indemnización. Ninguna de las operaciones llegó a consumarse.
El acusado fue detenido durante la madrugada de este jueves en un domicilio –que este artículo preserva-de El Manantial. Un equipo reducido compuesto por menos de diez hombres advirtió un movimiento inusual en uno de los domicilios de la familia Abraham. Dos camionetas Toyota SW4 y un auto VW Vento nuevo, merodeaban la zona. Después de pensarlo, los investigadores decidieron actuar: interceptaron a uno de los vehículos en el que iba un familiar que admitió conocer el lugar en el que se escondía el prófugo. La captura se dio sin ningún tipo de resistencia.
En los días previos, Abraham-quien ayer declaró ante la fiscal y negó rotundamente la autoría del hecho-habría hecho un raid por diferentes lugares. Se presume que luego de lo sucedido en el Parque 9 de Julio, el sospechoso llevó su camioneta a una vivienda en Aguilares-donde sería desmantelada en parte y luego secuestrada-y que regresó de inmediato a San Miguel de Tucumán en un remis trucho, con la ayuda de un amigo. Que permaneció escondido aunque “moviéndose” en diferentes puntos utilizando al menos dos vehículos. Dentro y fuera de la provincia: tenía los recursos para hacerlo aunque no los mejores consejos. Durante días vivió sumido en la irrealidad de suponer que escaparía de las consecuencias del hecho que se le adjudica. En la fiscalía quieren saber si esa irrealidad-propiciada por el consumo frenético de sustancias- fue la que podría haberlo llevado a consumar el crimen más brutal de los últimos tiempos.
