Por Mariana Romero-El ex subjefe de Policía Nicolás Barrera comenzó a prestar declaración en el juicio por el crimen de Paulina Lebbos, en el que se lo acusa de encubrimiento agravado, entre otros delitos. Remarcó, del principio al fin, que es inocente y dijo que se considera un “perseguido político”. Su declaración comenzó el jueves por la tarde y se extendió durante cuatro horas. Este lunes, cuando se reanudaron las audiencias, comenzó a responder preguntas de la Fiscalía y la querella.
Los interrogatorios apuntaron a la relación de Barrera con Alberto Kaleñuk y su hijo Sergio. El imputado respondió que fue por pocos días secretario del ex gendarme cuando asumió como jefe de Policía y que habló con su hijo el día de la desaparición de Paulina en su carácter de “intermediario” del club Atlético Tucumán. La fiscalía insistió en que las comunicaciones con ambos fueron reiteradas entre la desaparición de la joven y el hallazgo de su cuerpo, aunque Barrera sólo pudo explicar una de ellas y, sobre el resto, dijo no recordar. “Hacía cerca de 100 llamados por día”, repitió.
Otro punto en espinoso que fue abordado a fondo fue el de su relación con el ya condenado Enrique García, el comisario de Raco que mintió que su personal encontró el cuerpo, amenazó a los lugareños que lo hallaron para que no dijeran nada y falsificó las actas del hecho. Barrera dijo no conocerlo hasta el día del operativo, pero luego se le leyó una declaración que había hecho en 2013 en la que explicaba que él mismo había propuesto que García continúe en la Comisaría de Raco antes del crimen, puesto que había desarrollado tareas en el lugar muy exitosas y “había un concepto muy formado sobre él”. Barrera respondió a esta contradicción asegurando que a esos datos los obtuvo del jefe de Policía luego del crimen.
Barrera fue a visitar a García semanas después del crimen, cuando ya se habían descubierto sus delitos y Gendarmería lo tenía detenido por eso. La reunión siempre llamó la atención porque, tras ella, García se negó a seguir declarando, recuperó su libertad, volvió al trabajo y, más tarde, fue ascendido. Guardó silencio durante siete años. Barrera explicó que fue a verlo por una cuestión de “misericordia corporal”, es decir, una suerte de obligación moral de visitar a quien está preso o enfermo. Aseguró que sólo le informó cuál era su situación administrativa en la fuerza y a pedirle que sea fuerte porque su esposa le había hecho saber que estaba desesperada. “Si le hubiera llevado un huevo de pascua estaría orgulloso como cristiano”, dijo Barrera, sobre la ironía que había lanzado Alberto Lebbos sobre ese encuentro. Barrera fue sancionado por haber hecho esta visita. “Cuando salió por los medios mi visita recién el Jefe de Policía se enteró. Tomé la decisión personal. Él me pidió un informe por escrito y le detallé los aspectos del hecho, le dije que no se lo había comunicado porque consideraba que no era necesario”, declaró. El imputado fue a ese encuentro con Dante Bustamante, quien años más tarde ascendió a jefe de Policía y fue autorizada por Claudio Maley, entonces comandante de Gendarmería, hoy ministro de Seguridad.
La declaración del otrora segundo hombre más importante de la fuerza policial no estuvo exenta de tensiones, especialmente cuando el querellante Emilio Mrad (en representación de Alberto Lebbos) perdió la paciencia y, en tono de voz elevado, le pidió que deje de responder con evasivas y conteste las preguntas que se le formulaban.
También debió interrumpirse para que el Tribunal resuelva sobre un planteo que hizo el defensor del Barrera, Gustavo Carlino. El letrado planteó que los jueces no debían formular preguntas a los imputados “para que el tribunal no se contamine con las pruebas del caso”. El planteo ya había sido formulado –y rechazado por el tribunal- al comienzo del juicio por el abogado Gustavo Morales, defensor del imputado Eduardo Di Lella. Ambos coincidieron, en diálogo con la prensa, que si los jueces tenían cualquier duda sobre cualquier asunto, en lugar de consultar estaban obligados a absolver. Los magistrados rechazaron por unanimidad el planteo y Carlino anticipó que recurrirá a casación. Si en la siguiente instancia su plateo es tenido en cuenta, advirtió a la prensa que estará en condiciones de pedir la anulación total del juicio.
Por otro lado, se planteó un dilema sobre la situación de Barrera durante los cuartos intermedios prolongados. Ocurre que, una vez que un imputado comienza a declarar, ya no puede comunicarse con su abogado ni obtener información de ningún lado hasta que termine el acto. Por eso, cuando el lunes se planteó un receso por la siesta, el querellante Mrad pidió que se le asigne una custodia policial que impida a su abogado acercarse. “Mi cliente no tiene ninguna medida privativa de la libertad y yo de acá me voy a jugar al futbol al Complejo Nicolás Avellaneda, no voy a tener contacto con él”, reclamó su defensor, Carlino. El tribunal, sin embargo, resolvió asignarle un uniformado que lo acompañe a su casa. Ante eso, Barrera prefirió pasar la siesta en Tribunales.
