Por Mariana Romero– Once años, once meses y once días después de la desaparición y muerte de Paulina Lebbos, los jueces de la Sala III dieron comienzo al juicio que buscará determinar quién mató a la joven y quién encubrió el crimen. Pero antes de comenzar las deliberaciones, hubo varios –y algunos curiosos- pedidos de los abogados, especialmente, los defensores de los imputados.
La audiencia empezó pasadas las 8.30 y, de inmediato, se invitó a las partes a plantear las cuestiones previas, es decir, todo aquello que consideren necesario resolver antes del inicio del procedimiento. El primero en hablar fue el abogado Juan Macario Santamarina, que representa a Roberto Gómez, acusado por el crimen de la joven. Planteó la incompetencia del tribunal para juzgar la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte, delito del cual está acusado su defendido. Aseguró el letrado que ese tipo de ilícito debe ser juzgado por la Justicia Federal. Sin embargo, el Tribunal, integrado por Carlos Caramutti (presidente), Dante Ibáñez y Rafael Macorito, resolvió rechazar el planteo. Aseguraron que, en el hecho, no se vieron afectados intereses de la Nación, citando jurisprudencia sobre casos similares entendidos por la Justicia Provincial y remarcando que ese pedido ya se había formulado y había sido denegado en oportunidades anteriores.
Luego, Gustavo Carlino (representa al ex subjefe de Policía Nicolás Barrera, imputado por encubrimiento) y Gustavo Morales (abogado del ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella) pidieron la nulidad del requerimiento de elevación a juicio. La moción fue denegada por el tribunal.
Morales también planteó lo que ya había anticipado a la prensa que sería una verdadera “bomba”. Pidió incorporar como pruebas fotocopias de transcripciones de supuestos mensajes y mails entre Beatriz Rojkés, su hijo menor, Daniel Alperovich, y el ex jefe de la Brigada de Investigaciones, Luis Alberto Núñez. Aseguró que la documentación le llegó de manera anónima a su estudio y dejó entrever que de ella se podían desprender pruebas de presuntos delitos. El Tribunal respondió que, en caso de poder corroborar el origen y la autenticidad de esas fotocopias, podía volver a pedir su incorporación pero, de momento, quedaba denegada.
A continuación, Morales reclamó que los jueces no formularan preguntas a los imputados, pedido que también fue denegado por los magistrados, aunque se comprometieron a limitar al mínimo sus interrogatorios.
Por la parte acusadora, el fiscal Carlos Sale pidió la incorporación como prueba de unos CD que, aseguró, se encuentran una caja en la oficina de Secuestros del Poder Judicial. Se sabe que contienen escuchas telefónicas realizadas al ex jefe de Policía Hugo Sánchez durante la etapa de instrucción, pero se desconoce qué dice el imputado en ellas. Como el instrumento se completó recién en diciembre, la defensa de Sánchez, ejercida por el abogado Eduardo Andrada Barone, pidió conocer el contenido antes de decidir si acepta la incorporación o se opone. El miércoles, un técnico pondrá a disposición de las partes los audios para que elijan los fragmentos que se escucharán en la sala, según resolvieron los jueces.
El querellante Emilio Mrad, que representa a Alberto Lebbos, pidió que los testigos “privilegiados” (funcionarios que se ampararon en sus fueros para declarar mediante un escrito), sean interrogados en sus residencias oficiales por las partes, si es que alguna duda les queda luego de leer sus respuestas. Dado que los fueros son para no perturbarlos en sus trabajos –explicó Mrad- se les podía preguntar qué día no trabajan, para que ellos elijan cuándo se puede hacer ese trámite.
El abogado ofreció otra alternativa para el caso de que su moción no sea aprobada. Si esos testigos van a declarar por escrito, reclamó que el formulario con las preguntas les sea entregado en un día a convenir y ellos escriban sus respuestas en ese momento. De esta manera, indicó el letrado, se encontrarán en las mismas condiciones que los testigos “no privilegiados”, que no conocen de antemano las preguntas y no pueden consultar documentación al declarar.
Finalmente, uno de los planteos más curiosos provino del abogado Carlino. Planteó que los defensores necesitaban escritorios más cómodos para ejercer su trabajo y reclamó que fueran iguales a los que disponía la querella. El presidente del tribunal, sin ocultar una sonrisa, le recordó que el Poder Judicial hizo un gran esfuerzo para adaptar la sala a las necesidades de un juicio de semejante trascendencia y le prometió que buscaría de qué manera se podrían mejorar sus condiciones de comodidad.
El juicio será largo e intenso: se celebrará de lunes a jueves, cinco horas por la mañana y cuatro por la tarde y se extenderá, se estima, hasta diciembre.
