La fiscal Adriana Giannoni encontró indicios para confirmar que Fernando Sebastián Medina, el recluso que denunció a los guardias de la prisión a obligarlo a vender drogas y fue asesinado hace casi dos semanas, fue trasladado sin motivo real a la cárcel.
La investigadora recibió testimonios claves para desmentir que Medina protagonizó incidentes en la seccional 7ª, como informaron los hombres del servicio penitenciario. Según aparecería en el libro de novedades que escribieron los guardias, la víctima se había autolesionado luego de que en una requisa le secuestraran un celular y por eso consiguieron una autorización de una funcionaria judicial, siempre de acuerdo a lo que figura en el expediente, para llevarlo a Villa Urquiza. El joven de 31 años falleció tres días después tras ser atacado por otro recluso con una punta en el patio de recreo del Anexo I.
La fiscala encontró tres personas que desmintieron esa versión. Una funcionaria del Juzgado de Ejecución de Sentencia declaró que ella no sólo no había dado ninguna orden de traslado, sino que además pidió que se le mantuviera protección especial, algo que no ocurrió. Medina, además de ser llevado a la cárcel, en el trayecto habría sido víctima de apremios ilegales, ya que la autopsia que le hicieron reveló que había recibido fuertes golpes en su cuerpo.
También declaró Braian Acevedo, integrante del Clan Acevedo, que compartía encierro con la víctima del crimen. Le confirmó a la fiscala que el celular secuestrado por los hombres del servicio penitenciario era de su propiedad. También dijo que la víctima del crimen no había generado revuelo ni intentó autolesionarse. Sí reconoció que tenía un corte en el labio, pero que había sido producto de un golpe de puño que le habría aplicado uno de los guardias.
El testimonio de un enfermero también fue sustancial para la investigación. El hombre, cuyo nombre no trascendió, dijo que asistió hasta la seccional 7ª a revisar a Medina, tal como lo habían solicitado sus superiores. Relató que lo revisó y que no tenía ningún tipo de lesión. Los guardias habían informado a la Justicia que el recluso asesinado había sido llevado al hospital Avellaneda por las heridas que presentaban.
Las declaraciones de esos tres testigos coinciden con la del personal policial de la comisaría. Ellos habían desmentido gran parte de la versión que presentaron los guardiacárceles en la Justicia. Sus dichos fueron respaldados por lo que dejaron anotado en el libro de guardia que ya está en poder de la Justicia.
La fiscala Giannoni anunció que por el momento no piensa citar al personal del servicio penitenciario. Quiere profundizar algunos aspectos de la investigación como por ejemplo, los informes de la conducta de Alejandro “Pichi” Mendoza, confeso autor del crimen de Medina. Al sospechoso del homicidio, según consta en su carpeta personal, en lo que va de 2017 se le hicieron al menos 24 informes por problemas disciplinarios. Sin embargo, en el registro, los guardias clasificaron su conducta como ejemplar.
La investigadora sospecha que Mendoza podría haber sido un “soldado” de los guardias y que él podría haber recibido la orden de acabar con la vida de Medina. En los próximos días, según trascendió, comenzará a desfilar por tribunales el personal del servicio penitenciario.
