La esposa de un preso que denunció la venta de drogas en Villa Urquiza teme por su vida tras la muerte de su compañero Fernando Sebastián Medina, asesinado en el penal hace cinco días.
El testigo protegido y Medina habían dado detalles sobre el supuesto sistema de comercialización de sustancias ilegales en la unidad penitenciaria de México y Marco Avellaneda.
Según sus testimonios, miembros del Servicio Penitenciario distribuirían estupefacientes en la cárcel. Medina, de 31 años, murió el miércoles. Recibió tres puñaladas en medio del patio del Anexo I. Lo habría ultimado Alejandro “Pichi” Mendoza, que hace poco menos de un año comenzó a cumplir una condena a 18 años de prisión por el homicidio de una joven.
Tanto los familiares de Medina como del otro testigo (su identidad se mantiene en reserva porque, al igual que el asesinado, también es un testigo protegido), aseguran que se trató de un homicidio cometido por encargo. La razón, sostienen, es que los dos presos no sólo se negaron a vender drogas para los guardiacárceles, sino que además los denunciaron en la Justicia.
“Esto es una mafia, ahora quieren matar a mi marido como hicieron con Medina”, asegura M.R. en diálogo con el diario La Gaceta. La mujer cuenta que el día anterior al asesinato de Medina, fue al penal a visitar a su esposo y él le expresó su temor. “Cuando estuvimos, el ambiente estaba muy pesado. Mi marido me dijo: ‘A nosotros nos van a matar’. A él también lo atacaron, pero se salvó”, denuncia.
El testigo protegido está internado ahora en un hospital de salud mental. Según contó su mujer, lo mantienen sedado e inmovilizado. “Lo tienen completamente dopado y atado a una cama, como si fuera una bestia. No puede ni hablar. ¿Así quieren que declare mañana? (por este lunes). En el estado en que está, no puede ni pararse para ir solo al baño. No era necesario que lo tengan así, cuando le faltan cinco meses para recuperar la libertad”, se quejó. La mujer explicó que su marido tiene que ser presentado ante la fiscala Adriana Giannoni, que cambió el ángulo de la investigación sobre la base de los datos aportados por la familia de la víctima.
Tras denunciar una presunta red de distribución de drogas en la cárcel, supuestamente regenteada por guardiacárceles, los dos presos fueron llevados por seguridad hasta la Comisaría 7ª por decisión del Juez de Ejecución y Sentencias del centro Judicial Capital, Roberto Guyot, para que estuvieran lejos de las personas a las que habían denunciado. A pesar de que todavía no se encontraron órdenes escritas, hace una semana volvieron a llevarlos al penal, donde Medina fue asesinado.
El viernes, una funcionaria del juzgado de Ejecución y Sentencia declaró en torno del caso y aclaró que ella les ordenó a los guardiacárceles que tomaran las precauciones necesarias para mantener las medidas de seguridad en favor de Medina y su compañero, por lo que en ningún momento había ordenado sus traslados al penal. También los habrían golpeado antes de que los reingresaran en el penal, según habrían constatado los médicos forenses que examinaron al preso asesinado y a su compañero.
Giannoni comprobó que el preso ultimado había realizado la denuncia ante el fiscal federal Pablo Camuña y que fue trasladado al penal de manera irregular, lo cual violaba la decisión que había tomado el juez Guyot sobre las medidas para resguardar a los testigos protegidos.
“Mi marido estaba con Medina en la Comisaría 7ª. No los tendrían que haber mandado a Villa Urquiza. Ellos advirtieron al juez que los iban a matar porque se habían negado a vender drogas para los guardias. Cuando eso pasó, ellos (los guardias) comenzaron a amenazarlos de muerte”, aseguró M.R. “No tenemos paz ni confiamos en nadie. Tengo miedo que lo maten. Espero que todo esto se esclarezca y se haga Justicia”, concluyó.
