Polémico desalojo de familias indígenas de tierras en San Pedro

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Con las primeras luces del día, más de 40 policías de caballería e infantería se presentaron con una orden de desalojo firmada por Adriana Reinoso Cuello, a cargo de Fiscalía de Instrucción Penal N° VI, contra cinco familias de la comunidad Diaguita Indio Colalao y ‘otras personas’. Entre los 25 expulsados de sus tierras, hay dos discapacitados. Sin oponer resistencia, los comuneros acataron la medida a pesar de que denunciaron que “no coincidía el terreno desalojado con el número de padrón del terreno que aparece en la sentencia”, explicó Salvador Chaile, cacique de la comunidad.

Según informó Chaile, dos hombres de apellidos Fernández y Valderrábano realizaron una denuncia por usurpación contra dos familias Suárez, además de Díaz, Camacho y Marcial. En la demanda no reconocen la posesión ancestral de las tierras, que están incluidas en el relevamiento territorial ordenado por la ley 26.160 y que protege a las comunidades indígenas de este tipo de medidas.

“La demanda es de los herederos del loteador del lado de donde están desalojando. El loteo es antiguo, está en un lugar alto. Este terreno que se desalojo es un terreno fiscal en la costanera del río”, detalló el cacique.

Hasta el mediodía, desalojaron cinco familias entre las cuales hay niños y personas con discapacidad. “Hay gran presencia policial. Estamos en comunicación con Darío Abdala, de la secretaría de Derechos Humanos de la provincia, explicando la situación para ver qué pueden hacer”, indicó Chaile.

La comunidad posee la tenencia precaria brindada por la Comuna de la localidad de San Pedro de Colalao y la medida judicial, según consideraron, responde a intereses empresariales más que jurídicos.

Por eso, “vamos a realizar nuestras presentaciones ante este proceso ilegal porque no hay escritura, no hay dueños. Hicieron este desalojo con un número de padrón que no correspondía al terreno que las familias ocupan legítimamente” finalizó el dirigente indígena.

Entre los 25 expulsados de sus tierras, hay dos discapacitados. Sin oponer resistencia, los comuneros acataron la medida a pesar de que denunciaron que “no coincidía el terreno desalojado con el número de padrón del terreno que aparece en la sentencia”, explicó Salvador Chaile, cacique de la comunidad.