Pasaron dos días desde el recital del “Indio” Solari y en Olavarría nadie habla de otro tema. Del hospital a la terminal de micros, de la Municipalidad a la Fiscalía, los ecos de la tragedia atraviesan la ciudad. Por estas horas, la Justicia tiene una prioridad: determinar responsabilidades en el show que terminó con dos muertos. La empresa organizadora del espectáculo está en la mira no sólo de la investigación, sino también del Gobierno bonaerense. El lunes se hicieron allanamientos en la sede de la productora En Vivo S.A, en La Colmena y en el hotel donde se alojó el músico. Pero también el municipio quedó cuestionado y se busca aclarar qué función cumplió en el control de los accesos. En el Concejo Deliberante local, incluso, quieren ir más allá y ya se organizan para pedir la destitución del intendente Ezequiel Galli. Por ahora, no hay imputados.
El Indio Solari abandonó Olavarría en una avioneta privada. (Mario Quinteros)
En este instancia, la investigación tiene una carátula: “Averiguación por causales de muerte”. Será clave determinar a partir de las pericias en qué circunstacias murieron Javier León y Juan Francisco Bulacio para definir si hubo responsabilidades directas o indirectas. Eso podría derivar en una imputación culposa o dolosa (que tiene penas más graves, ya que considera que hubo intencionalidad).
Clarín pudo averiguar que ya prestaron declaración testimonial el Indio Solari, uno de sus músicos y también algunos de los funcionarios municipales: “Todos fueron llamados a declarar como testigos porque lo que primero tenemos que saber es la verdad bajo juramento”, contaron a este diario. No declaró el intendente Galli –lo hará mañana–. Tampoco lo hicieron los hermanos Marcos y Matías Peuscovich, quienes manejan la productora En Vivo S.A., ya que horas antes la fiscal Susana Alonso había ordenado el allanamiento a sus oficinas, que sería el paso previo a su imputación. Según trascendió, en las oficinas de la empresa, en La Plata, encontraron información clave para la causa en celulares y computadoras. La Justicia intenta determinar qué fue lo que sucedió en el show y cuánta gente de más hubo dentro del predio.
Esa misma fuente reveló algunos detalles de la declaración del ex líder de Los Redonditos de Ricota: se desligó de tener relación con la productora en cuanto a la organización del recital, dijo que no sabía cuántas entradas se habían vendido y se lo notó angustiado: “Lloraba y tenía que parar unos segundos para continuar. Estaba triste por lo que ocurrió” . Lo que se averigua es si Solari formaba parte de la productora. En ese caso el cantante podría llegar a quedar imputado.
Las fuentes agregaron que se revisarán y estudiarán todos los documentos y las firmas en los contratos. Según contó el propio intendente Galli, todo lo que ocurría de las puertas para adentro del predio “La Colmena” era de responsabilidad de la productora, mientras que ellos se ocuparon de controlar que en la ciudad no ocurrieran inconveniente. Sin embargo, los investigadores evalúan a quién le correspondía controlar a los espectadores en los ingresos y cómo fue que las puertas se abrieron para que cualquiera pudiera entrar. Es por eso que en las próximas horas puede haber novedades y podrían surgir distintas pruebas que harían cambiar la carátula: homicidio culposo por negligencia o incumplimiento del deber para los funcionarios públicos.
El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, que ayer estuvo en Olavarría también apuntó contra En Vivo S.A.: “La Justicia está investigando todas las responsabilidades penales. La seguridad del evento estuvo a cargo de la productora. Es un espectáculo privado. El servicio de seguridad lo garantiza la productora, se hace cargo de las responsabilidades civiles y penales”.
Galli, cuestionado por las facilidades que les aseguró a los organizadores, sostuvo ayer en Radio Mitre que la comuna no tiene “nada que esconder”. Estimó que en La Colmena hubo unas 400 mil personas y señaló con el índice a la productora del show al señalar que habrían vendido “325 mil entradas”. En ese sentido, profundizó: “No tengo miedo de una destitución, si tengo que dar explicaciones las voy a dar, no tengo nada que esconder”.
En el Concejo Deliberante de Olavarría no opinan lo mismo. “En la firma de ese documento, el intendente dio garantías con bienes públicos y no pasó por el Concejo”, denunció el concejal Emilio Vitale (FR). La destitución está latente. El Concejo funciona con 20 representantes: sólo 5 responden al funcionario de Cambiemos y la oposición podría conformar los dos tercios para pedir su alejamiento. Galli depende de dos votos ajenos para salvar su gestión. Según pudo averiguar Clarín, el intendente tampoco tendría mucho respaldo desde el gobierno nacional. No verían con malos ojos que dé un paso al costado.
Fuente: Clarín
