Por Luis Iriarte- En el comienzo de su vida pública, José Jorge Alperovich fue electo legislador provincial por la UCR (1995-1999), dejando valiosos rastros de su versátil personalidad. Encumbrado como Presidente de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura fue el radical más cercano a la gobernación de Antonio D. Bussi. Ocultó en sus primeros dictámenes que el proyecto de presupuesto provincial remitido por el Ejecutivo para su examen legislativo para el año 1996 y los siguientes contenían partidas destinadas a la construcción del entonces desconocido proyecto denominado “Canal Federal”. Esa obra pública buscaba hacer realidad el sueño del riojano presidente de los argentinos, Carlos Saúl Menem, con la complicidad de Bussi: quedarse gratuitamente con 300 Hm3 anuales de la mejor agua de los tucumanos y santiagueños, con destino final a La Rioja. En aquel entonces, el Gran San Miguel de Tucumán, donde vivían 800.000 compatriotas, consumía anualmente unos 130Hm3. Era negocio redondo para Menem y sus comprovincianos. Con dinero federal construiría en el sur tucumano el dique que almacenaría el agua incontaminada de los ríos Medina y Gastona y luego el canal derivador hasta llegar con su preciosa carga a sus lejanos pagos riojanos. La Legislatura había rechazado mi proyecto de ley de consulta popular para que fuese la gente la que, informada del proyecto y de sus alcances, diese a conocer su aprobación o rechazo del mismo. Votaron conjuntamente por el rechazo los legisladores del PJ (obedientes de Menem) y los de FR (obedientes de Bussi).Fracasado este intento perverso, Alperovich no cesó de buscar desde el poder público, la ansiada meta final de gobernar Tucumán. Fue Ministro de Economía del gobierno ¿justicialista? de Julio Miranda, autor de la llamada “Caja Única”, en la que se confundían aportes federales con ingresos provinciales, lo que facilitaba la malversación de cuantiosos fondos públicos. Fue el tiempo en que se divulgaba mundialmente la noticia de la muerte de decenas de niños tucumanos por desnutrición. Ungido luego Senador nacional por el PJ, se destacó por dos hechos trascendentes: aprobó con su voto la derogación de la ley que castigaba la subversión económica, con el fundamento de que era “una imposición del Fondo Monetario Internacional” y se ausentó de la importantísima sesión donde se votaba la ratificación de la ley de protección arancelaria del azúcar, para impedir el ingreso del producto brasileño que ocasionaría la ruina de nuestra industria madre. Finalmente, logró candidatearse para gobernador por un Frente Justicialista que ganó las elecciones en 2003.
Sus primeras tres medidas lo pintaron de “cuerpo entero”. Promulgó la ley 7.311, sancionada a su pedido por la Legislatura que se retiraba, por la cual miles de empleados públicos adheridos a la misma, tanto en el orden provincial, municipal y comunal, cobran sueldo y asignaciones familiares y se les hace aportes jubilatorios sin trabajar durante años, una espantosa malversación de fondos públicos toda vez que deben pagarse impuestos para que el Estado nos proporcione servicios en seguridad, salud, educación y justicia, no para pagar “ñoquis”. Hizo modificar la ley reglamentaria de los “decretos de necesidad y urgencia” (DNU): ahora el silencio legislativo ante el dictado de estos DNU que resuelven cuestiones que deben debatir mayorías y minorías en la Legislatura, importaba su convalidación como leyes, haciéndolo luego cláusula constitucional en 2006. Se silenciaba antidemocráticamente, de este modo, a los opositores, toda vez que es su “compañero de fórmula”(el Vicegobernador) quien preside y gobierna la Legislatura, el único que resuelve que temas deben incluirse en la “orden del día” que deben tratar y votar los legisladores.
Hizo sancionar una ley derogando el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) implementado por el Gobernador Ortega. Este organismo, integrado por un representante de la Corte Suprema local, otro del Colegio de Abogados y un tercero representante de la Facultad de Derecho de la UNT, seleccionaba por concurso de antecedentes una terna de abogados para cubrir cargos vacantes en la Justicia que luego se enviaba al Ejecutivo, quien elegía uno de ellos y lo remitía a la Legislatura para su aprobación o rechazo. El nuevo sistema alperovichista era maquiavélico: los abogados debían inscribirse con su legajo personal de antecedentes ante el Ministro de Gobierno y era el propio gobernador quien seleccionaba al candidato de su preferencia.
Fue declarada inconstitucional por acción judicial deducida por el Colegio de Abogados. Logró Alperovich reformar la Constitución local en 2006, conformando un “disfraz constitucional”, porque con su normativa tenía facultades extraordinarias que lo convertían en un dictador sin control, ofreciendo insólitamente a Tucumán como “basurero nuclear”. En conferencia de prensa, tiempo después, pudo decir: “Tengo tanto poder que debo autolimitarme”, mientras su compañero de fórmula y Vicegobernador, Juan Manzur, se jactaba de que “tenía a la Legislatura en un puño”. En diciembre de 2013 se vió supuestamente sorprendido por un autoacuartelamiento policial por reclamos salariales, que dejó el territorio provincial como “zona liberada” para la depredación de salvajes malhechores, generando muerte y desolación en la población. Solo se preocupó preventivamente de sacar los vehículos 0 Km. de los locales de venta de su concesionaria.
Pasará a la historia como el Gobernador que más dinero manejó (en 12 años, más de 127.000 millones), sin que los tucumanos sepamos qué hizo con la recaudación de los impuestos que incrementa insoportablemente todos los años. Nunca conformó el Tribunal Fiscal previsto en el Código Tributario cuya misión, según la ley, es examinar la legitimidad de las determinaciones de deuda y las multas que aplica su Director de Rentas en la recaudación de los impuestos locales. Nos cobran “de prepo” lo que se les antoja, sin que exista un tribunal independiente e imparcial que revise estos cálculos, como manda el Código Tributario y el art.8° del Pacto de San José de Costa Rica. Alperovich nunca reclamó del gobierno nacional la devolución del 15% de la coparticipación federal de Tucumán, cedida a la ANSES desde 1992, cuando quedó desfinanciada por la creación de la jubilación privada, pese a que desde fines del 2008 las AFJP ya no existen más y la ANSES, multimillonaria, funciona como prestamista del Tesoro Federal. Ese 15% hoy representa, para los tucumanos, más de 3.000 millones de pesos por año retenidos indebidamente por la ANSES, que podríamos utilizar para extender el agua potable, cloacas y gas en red para todos nuestros compatriotas, construir viviendas populares y mejorar sustancialmente nuestros CAPS y hospitales públicos, entre muchas otras obras esenciales.
Nunca quiso su Legislatura ultraoficialista, comandada por Juan Manzur, examinar la “Cuenta de Inversión”, para que sepamos cómo se aplicaron esos cuantiosos fondos recaudados por impuestos. Quedaron aprobados tácitamente al pasar dos años desde la recepción anual de estas rendiciones. En el actual proceso electoral se impone un cambio profundo, dándole al alperovichismo el escarmiento que se merece en las urnas. Necesitamos con urgencia recuperar sentido republicano, decencia y transparencia en el manejo de los fondos públicos, control confiable e independencia de la Justicia para juzgar y condenar todos los actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito que se prueben.
