El Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, remarcó al Estado argentino la situación que vive la joven tucumana luego de examinar el informe periódico presentado por la Argentina. Belén está presa desde hace más de dos años tras sufrir un aborto espontáneo cuando fue a atenderse al hospital Avellaneda.
En el punto 12 de las recomendaciones el Comité señaló que Argentina, Estado parte del pacto internacional de derechos civiles y políticos, debe revisar su legislación sobre el aborto, incluyendo su legislación criminal. “El Estado argentino debe, asimismo, asegurar que todas las mujeres y niñas puedan acceder a los servicios de salud reproductiva en todas las regiones del país y que las barreras legales, el ejercicio de objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud y la falta de protocolos médicos no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pone su vida y su salud en riesgo. El Estado debe revisar el “caso de Belén”, a la luz de los estándares internacionales en la materia, con miras a su inmediata liberación, y a la luz de este caso, considerar la descriminalización del aborto. Asimismo, el Estado parte debe multiplicar y asegurar la aplicación de programas de educación y sensibilización a nivel formal (escuelas y colegios públicos y privados) e informal (medios de comunicación y otros) sobre la importancia del uso de anticonceptivos y los derechos a la salud sexual y reproductiva” expresa el documento de recomendaciones emitido por el organismo internacional.
En mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un informe para la evaluación sobre el cumplimeiento del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos al que suscribe Argentina. La instancia de revisión y control su cumplimento es periódica.
Argentina dentro de su legislación contempla lo que se conoce como la convencionalidad de los tratados. A partir de la reforma de la constitución del año 1994 se incluyó el bloque constitucional federal; o sea, se le otorgó el mismo rango constitucionalidad a todos los tratados internacionales a los que el país ha subscrito (entre ellos el pacto de derechos civiles y políticos a partir del cual se desprendieron estas conclusiones) y también se le otorgó obligatoriedad a las interpretaciones de estos tratados que emiten los órganos competentes.
“Esto es importante, ya que de otra manera, los Estados que suscriben tratados y después no los cumplen, estarían en una suerte de demagogia en términos de derechos humanos” explicó Soledad Deza abogada tucumana reconocida recientemente con el premio ‘8 de Marzo. Margarita de Ponce’ desde UMA a mujeres destacadas por su labor en género.
En este marco cuatro organizaciones nacionales CELS, Amnistía internacional, Católicas por el Derecho a Decidir y Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) realizaron un relevamiento respecto a los derechos sexuales y reproductivos en el país del cual se desprendió el caso de la joven de 27 años presa hace más de 2 años en Tucumán después de haber sufrido un aborto espontáneo en un hospital.
Dentro del apartado, se analiza la situación de Belén (nombre ficticio) a partir del cual recomendó el Comité de derechos humanos de la ONU al Estado argentino que resuelva el caso conforme a los estándares internacionales y que revise la criminalización del aborto a la luz de este caso. Soledad Deza, de Católicas por el Derecho a Decidir explicó que el organismo regente el pacto “manda a revisar la situación de privación de libertad de Belén. Es muy importante ya que el recurso de Casación planteado a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia se basa es la vulneración de su intimidad y privacidad con la violación del secreto profesional y que todo este juicio debería ser nulo por las violencias, por las torturas, es decir estándares internacionales y nacionales vigentes”.
“El Comité está diciendo al Estado nacional que la Justicia tucumana no está resolviendo y que en el caso de Belén no se respetan los estándares de derechos humanos vigentes, por eso es importante” remarcó la abogada defensora de Belén, Soledad Deza.
La defensa de esta tucumana acompañará el expediente del caso con estas observaciones que realizó el comité de Naciones Unidas en Tribunales de la provincia, en el primer día hábil después de la feria judicial.
“Creo que significa un gran avance porque cuando el CELS presentó este informe también estuvo acompañado por organizaciones que conforman la mesa por #LibertadParaBelén. Esto muestra que cuando las organizaciones se unen y cuando el feminismo está por sobre los intereses partidarios, las demandas de las mujeres se fortalecen y pueden llegar mucho más lejos porque no se razona en términos patriarcales sino en beneficio de las mujeres” evaluó la abogada.
Fuente: apaprensa.com.ar
