El caso de las ventas ilegales de terrenos en la Reserva Natural La Angostura, en El Mollar, sigue creciendo con nuevos implicados. Compradores señalaron a un exfuncionario de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat como colaborador clave en las maniobras lideradas por Juan Pablo Castro, principal acusado de usurpación y estafas reiteradas. Según las denuncias, el exfuncionario habría gestionado servicios como agua potable y energía eléctrica para el loteo ilegal conocido como “Gaucho Castro”.
Este escándalo salió a la luz a fines de octubre, cuando empleados del Estado detectaron ocupaciones de tierras protegidas en la reserva. La fiscal de Estado, Gilda Pedicone, tomó medidas inmediatas para detener construcciones, ventas y ocupaciones en la zona. Desde entonces, las investigaciones han destapado un esquema de ventas fraudulentas que podría involucrar a exfuncionarios y figuras locales.
Un momento clave en la causa fue la detención de Marcos Bolla, un comprador que realizaba obras en el terreno pese a una medida judicial que lo prohibía. Su arresto llevó a otros adquirentes a presentar documentos que, según ellos, acreditaban la legalidad de las compras. Sin embargo, los fiscales determinaron que los papeles no respaldaban la titularidad de Juan Pablo Castro sobre las tierras.
El fiscal Miguel Varela, encargado de la investigación, confirmó que, además de Castro, las recientes declaraciones de tres compradores apuntan al exfuncionario como pieza clave en la obtención irregular de servicios básicos para el loteo. Según los testimonios, este colaborador tenía vínculos con Jorge Cruz, comisionado comunal de El Mollar, quien habría aprobado el servicio de agua potable años después del inicio de las ventas, incumpliendo normativas.
Durante un operativo, el fiscal y peritos recorrieron los terrenos, donde constataron la existencia de 14 viviendas, en su mayoría usadas como casas de veraneo. También detectaron una construcción que bloquea un canal natural hacia el lago. Varela dialogó con los compradores, explicándoles que la Justicia sospecha que fueron víctimas de una estafa, aunque algunos insisten en que actuaron de buena fe y confían en que Castro podría demostrar la titularidad de las tierras.
La audiencia contra Castro fue pospuesta debido a nuevas pruebas y a la falta de documentos que acrediten la titularidad provincial de la reserva. Se espera que en los próximos días se formalicen las acusaciones no solo contra Castro, sino también contra otros posibles implicados en un caso que afecta al medio ambiente y pone en duda la credibilidad de instituciones públicas.
