El gobierno de Javier Milei anunció un plan para privatizar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales y autopistas para 2025. En los próximos días se publicará un decreto que dará inicio al proceso de licitación de las rutas 12 y 14, conocidas como el “Corredor 18”, que abarcan 677 kilómetros y atraviesan Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, siendo fundamentales para el comercio con Brasil y Uruguay.
Actualmente, estas rutas son gestionadas por Caminos del Río Uruguay (CRUSA), una empresa con concesión desde hace más de 30 años, cuyo contrato vence el 9 de abril. CRUSA enfrenta un conflicto con el Estado por incumplimientos en el contrato y atrasos en las tarifas, lo que ha generado un juicio por 300 millones de dólares. Aunque el proceso de licitación podría extenderse más allá de abril, el gobierno planea prorrogar la concesión de CRUSA por seis meses hasta completar el trámite.
En paralelo, un consorcio integrado por las empresas Luis Losi, Rovella Carranza y JCR presentó una propuesta para quedarse con la concesión, comprometiendo una inversión estimada en 650 millones de dólares.
Además, el gobierno proyecta una segunda etapa de privatización que incluirá 8.470 kilómetros de rutas actualmente gestionadas por la empresa estatal Corredores Viales SA. Estas incluyen tramos como la Ruta Nacional 33 en Santa Fe, la RN 18 en Entre Ríos, y la variante de la RN 19 en Córdoba, zonas que concentran el 80% del tránsito vial del país.
El objetivo es reducir costos en obra pública, delegando el mantenimiento y operación a empresas privadas que cobrarán peajes para financiarse. Los contratos se otorgarán a quienes ofrezcan las tarifas más bajas, sin requerir pagos adicionales al Estado.
