El juez Gonzalo Ascárate enfrenta críticas y posibles consecuencias legales tras liberar a Armando Exequiel “El Flaco Tranza” Scotoni, acusado de narcotráfico en Simoca, pese a que este se había declarado culpable en un acuerdo judicial. El caso, que comenzó en junio con allanamientos que incautaron drogas, dinero y otros elementos, desató un debate sobre la aplicación de la ley de narcomenudeo en Tucumán y puso en duda la actuación del magistrado.
En una investigación liderada por el fiscal Diego Hevia, se encontró a Scotoni con 82 gramos de cocaína, tres gramos de marihuana, una balanza de precisión, 160.000 pesos y varios celulares. Aunque inicialmente fue acusado de comercialización de drogas, las pruebas no fueron suficientes para sostener ese cargo, por lo que se propuso un juicio abreviado que lo condenaría por tenencia simple a tres años de prisión condicional. El acuerdo también incluía la destrucción de la droga y el uso del dinero incautado para centros de atención de adicciones.
Durante una audiencia realizada el miércoles, el juez Ascárate aceptó el acuerdo entre las partes, pero inesperadamente absolvió al acusado, declaró inconstitucional la tenencia simple de drogas y ordenó devolverle las sustancias y el dinero incautados. Esta decisión generó indignación en sectores del Poder Ejecutivo, Legislativo y policial, que cuestionaron la legalidad del fallo.
El caso tomó un giro inesperado cuando, tras recibir críticas y evaluar las implicancias de su fallo, el juez anuló su propia decisión. En una nueva audiencia realizada en menos de 24 horas, Ascárate aceptó el acuerdo original, condenó a Scotoni a tres años de prisión condicional, ordenó la destrucción de las drogas y destinó el dinero confiscado para reparación del daño. Al no haber impugnaciones, esta nueva sentencia quedó firme.
Sin embargo, el futuro del juez Ascárate es incierto. Se rumorea que la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, podría impulsar un juicio político en su contra, y un abogado ya presentó un pedido formal para que la Legislatura evalúe su actuación. Este caso ha generado un debate profundo sobre la interpretación de la ley y las políticas de persecución del narcomenudeo en Tucumán.
