El Gobierno de Tucumán recuperó más de cinco toneladas de alimentos destinados a personas en situación vulnerable que habían sido secuestrados durante allanamientos en los barrios Manantial Sur y Teresa de Calcuta, como parte de una investigación sobre la presunta venta ilegal de esta mercadería asignada por el Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, los productos serán evaluados y redistribuidos a organizaciones civiles.
La recuperación se realizó tras un oficio de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, que alertó sobre el gran volumen de alimentos encontrados en los allanamientos realizados la semana pasada. La mayor parte de la mercadería estaba en la seccional 15° de la Policía, en San Miguel de Tucumán, y otra parte en la Dirección de Delitos Informáticos.
El operativo fue liderado por Sergio Orellana, director de Asistencia Directa del Ministerio de Desarrollo Social, quien organizó el traslado de la comida a los depósitos de la cartera. Dos camiones fueron necesarios para mover las toneladas almacenadas en la seccional policial. Paralelamente, un equipo técnico está evaluando el estado de los productos antes de su redistribución, que deberá ajustarse al artículo 183 del Código Procesal Penal de Tucumán, priorizando su entrega a entidades de bien público.
La mercadería secuestrada incluye alimentos básicos como puré de tomates, arroz, azúcar, yerba, harina, lentejas, fideos y aceite. Según la Fiscalía, parte de estos productos formaban módulos alimentarios destinados a personas vulnerables, pero se sospecha que una porción estaba siendo comercializada ilegalmente. En el allanamiento, se encontraron listas manuscritas con productos y precios, además de órdenes de entrega vinculadas a Alberto López y su hijo, Juan López Cansillieri, ambos detenidos bajo prisión preventiva por 90 días.
La investigación también busca determinar si otras personas participaron en la maniobra, incluyendo posibles conexiones políticas. López Cansillieri trabajaba en la Legislatura hasta su detención, mientras que Alberto López integró la Unidad de Reconversión Laboral hasta noviembre de 2023. La oposición ha criticado la respuesta gubernamental, señalando posibles complicidades en la administración anterior.
