La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Cristina Kirchner en el caso Vialidad, donde se la acusó de administración fraudulenta en obras públicas. Este fallo, tomado por mayoría, ratifica la sentencia emitida en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral y aún puede ser apelado ante la Corte Suprema.
El fallo también confirmó la condena a otros implicados, como el empresario Lázaro Báez y el ex secretario de Obras Públicas, José López, ambos sentenciados a seis años de prisión, mientras que el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, fue absuelto. La causa se refiere a la asignación irregular de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, en las que se habrían desviado fondos públicos hacia Báez mediante un proceso de licitación fraudulento y sin competencia real.
Durante la lectura del fallo en los tribunales de Comodoro Py, Cristina Kirchner no estuvo presente, ya que participaba en un evento en Moreno, Buenos Aires, donde expresó en redes sociales su intención de “compartir una actividad con la intendenta Mariel Fernández y 400 mujeres”. Sin embargo, en la audiencia asistieron otros personajes públicos y políticos, como el funcionario del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, quien declaró estar allí “como público”.
Los jueces que ratificaron la condena fueron Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, mientras que el juez Gustavo Hornos votó a favor de sumar el delito de asociación ilícita a la exmandataria, como había solicitado la Fiscalía. Además, la Cámara homologó el decomiso de aproximadamente $84.000 millones, presuntamente producto de los desvíos en las obras adjudicadas a las empresas de Báez.
Esta sentencia aún no es definitiva, ya que tanto Cristina Kirchner como las demás partes pueden apelar la decisión ante la Corte Suprema en los próximos diez días hábiles. Si la Corte ratifica este fallo, la condena quedará firme y en condiciones de ejecutarse, aunque el máximo tribunal no tiene un plazo específico para resolver.
La causa detalla que entre 2003 y 2015 las empresas de Báez, a pesar de no contar con experiencia en construcción, ganaron licitaciones en Santa Cruz mediante un sistema de contratos públicos diseñado a su favor, lo cual permitió una “cartelización” de la obra pública en esa provincia.
