La comisaría de El Mollar recibió este miércoles a decenas de compradores de terrenos en la Reserva Provincial La Angostura, quienes denunciaron a Juan Pablo Castro, a quien acusan de venderles parcelas que el Estado ha comenzado a desalojar. Los compradores señalaron que habían adquirido los terrenos con documentos aparentemente oficiales, pero ahora enfrentan la pérdida de sus inversiones tras ser informados de que se trata de tierras usurpadas.
El conflicto comenzó el 3 de octubre, cuando la Policía desarticuló una usurpación en la zona conocida como Ojo de Agua, donde supuestamente la Comunidad Indígena Diaguita de El Mollar había instalado puestos de venta de artesanías. La cacica Margarita Mamaní afirmó que el predio pertenece a su comunidad y que los vendedores no son miembros de la misma.
El lunes 21, inspectores del gobierno realizaron un relevamiento en la reserva, encontrando seis irregularidades, que incluyen cuatro casos de usurpación de tierras fiscales para su venta, una confitería instalada sin permisos y cuatro ripieras que extraían áridos de la desembocadura del río Tafí. Posteriormente, el viernes y el lunes, la Policía con una topadora de Vialidad Provincial desalojó y demolió construcciones en terrenos que estaban por ser loteados.
Se estima que las tierras usurpadas abarcan más de 12 hectáreas, divididas en cerca de 200 lotes, cuyo valor de venta podría superar los $1.200 millones. En redes sociales, estos lotes se ofrecían entre $6 y $12,5 millones, sin distinción de tamaño, pero variando según los documentos presentados. Algunos compradores se reunieron con los responsables del proyecto inmobiliario, quienes prometieron solucionar el problema, pero tras los desalojos del Gobierno, decidieron denunciar.
En la comisaría, los afectados señalaron a Castro, residente en el barrio El Porvenir, como el vendedor de las parcelas. Según ellos, él mostró documentos de Catastro, Rentas y permisos comunales, y formalizó la venta con la firma de los comisarios Esteban Toledo y Carlos Díaz. No obstante, Toledo y Díaz explicaron que mientras algunos compradores querían presentar denuncias penales, otros fueron aconsejados por sus abogados a solo dejar constancia de lo sucedido.
La fiscal de Estado Gilda Pedicone de Valls solicitó el martes a la Justicia el desalojo y demolición de las viviendas construidas en la reserva, destacando la necesidad de proteger estas áreas. Además, una comisión de Catastro realizó inspecciones y para el jueves se ha planificado otro operativo para avanzar con los desalojos, ya que la provincia solo ha recuperado dos de las seis áreas usurpadas.
