El municipio de San Miguel de Tucumán está evaluando la posibilidad de aplicar sanciones a las empresas de colectivos si deciden reducir las frecuencias de los servicios, tal como lo anunciaron los empresarios agrupados en Aetat. Esta medida está siendo considerada en respuesta a la crisis que afecta al sector del transporte público.
El secretario de Gobierno municipal, Martín Viola, había mencionado durante el fin de semana que, aunque se había convocado a una mesa de diálogo con todas las partes involucradas hace más de tres meses, no se llegó a un acuerdo. A pesar de ello, la Municipalidad avanzó en mejoras como la reparación de calles, la implementación de carriles exclusivos para autobuses, y la instalación de nuevas paradas. Viola destacó que San Miguel de Tucumán es el único municipio que financia el boleto estudiantil sin ayuda de la provincia y exigió soluciones que beneficien a la gente, como el cumplimiento de las frecuencias, el mantenimiento de unidades en buen estado, y la activación de los GPS en los colectivos.
Por su parte, el concejal José María Franco, presidente de la Comisión de Transporte del Concejo capitalino, expresó su sorpresa por la decisión de los empresarios de reducir los servicios solo en San Miguel de Tucumán, sugiriendo que, si el problema es de naturaleza empresarial, debería afectar a toda la provincia. Franco también señaló que la situación es extrema y espera que Aetat proporcione más información sobre la medida.
En paralelo, el Concejo Deliberante sigue analizando el pedido de aumento tarifario solicitado por las empresas de colectivos. Actualmente, el boleto urbano cuesta $690, pero el estudio de costos sugiere que debería aumentar a $1.500. Aún no hay fecha definida para el tratamiento de este pedido.
