El Gobierno, a través de su vocero presidencial Manuel Adorni, denunció una estafa multimillonaria en la entrega de pensiones por discapacidad durante las gestiones anteriores. Según Adorni, se estima que en el último año se desviaron fondos por un monto equivalente a U$S3.400 millones.
Adorni explicó que la Agencia Nacional de Discapacidad, dirigida por Diego Spagnuolo, junto con el ministro de Salud, Mario Russo, llevó a cabo auditorías sobre las pensiones por invalidez. Las auditorías revelaron una actividad fraudulenta a gran escala.
En una conferencia de prensa, Adorni detalló que durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral aumentó de 79.000 a 1.045.000 entre 2003 y 2015. Esta cifra disminuyó ligeramente a 1.026.000 entre 2015 y 2019, y para diciembre de 2023, el número había subido a 1.222.000 beneficiarios. Adorni afirmó que estas cifras son desproporcionadas y que no corresponden a un país en condiciones normales.
Entre los casos de fraude, se encontraron 25.000 pensiones otorgadas a personas que estaban trabajando y 60.000 pensiones con requisitos incompatibles. Adorni mencionó un caso específico en el que un médico presentó una radiografía de un perro para justificar una pensión por un “trastorno de disco lumbar e hipertensión”.
Además, Adorni indicó que a cada persona que recibió una pensión de forma indebida también se le otorgó el servicio de la obra social Incluir Salud, lo que representó una transferencia promedio de $1.500.000 desde el Gobierno Nacional a las provincias por cada afiliado.
