El lunes, con la promulgación de la Ley Bases, el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI) fue eliminado. Este impuesto gravaba con el 1,5% la venta de propiedades adquiridas antes de diciembre de 2017 y que no eran viviendas únicas ni permanentes.
Minutos después de la publicación en el Boletín Oficial, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, celebró la noticia en su cuenta de la red social X (antes conocida como Twitter). “Hoy terminamos con el ITI, un impuesto nefasto a las transferencias inmobiliarias, que estaba vigente desde 1991”, escribió.
El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado indicando que la derogación del ITI es de aplicación total e inmediata. “Con la publicación de la Ley 27.743 de ‘Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes’ en el Boletín Oficial, se derogó -con vigencia a partir de las 0 horas del día de hoy, lunes 8 de julio de 2024- la Ley 23.905, que regulaba el Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas”.
El comunicado también aclara que no hay retroactividad del impuesto cedular para las personas humanas, ya que la reforma de finales de 2017 así lo dispuso. Además, la eliminación del ITI simplifica el sistema tributario para las transmisiones onerosas de inmuebles, eliminando la consulta de residentes del exterior.
Desde 1991, el impuesto ITI imponía una carga financiera considerable. Por ejemplo, una propiedad vendida por US$100.000, comprada antes de 2018 y en la que no se vivía, debía pagar US$1.500 (al valor del dólar oficial) en concepto de ITI. Ahora, este gravamen ha sido completamente derogado.
Sin embargo, los inmuebles vendidos después del 1 de enero de 2018 seguirán tributando el impuesto cedular, que equivale al 15% de Ganancias sobre el resultado de la operación. Este impuesto grava la diferencia entre la compra y la venta, menos el costo actualizado por Índice de Precios al Consumidor (IPC) y los gastos.
El paquete fiscal promulgado por el Ejecutivo también incluye la declaración de emergencia pública administrativa, económica, financiera y energética durante un año, así como la privatización de algunas empresas.
