En medio de la disputa entre el gobierno de Javier Milei y las organizaciones sociales por los fondos destinados a los comedores comunitarios, el juez federal Sebastián Casanello ordenó al Ministerio de Capital Humano que presente en el plazo de tres días un “plan de distribución inmediata” de alimentos almacenados en depósitos, para ser entregados a los sectores que padecen inseguridad alimentaria.
La orden se emitió debido a una denuncia penal contra el gobierno de Milei por la supuesta interrupción de la entrega de alimentos a comedores comunitarios. El juez Casanello exige detalles precisos sobre la cantidad, especie, fecha de vencimiento y otros aspectos de los alimentos en los depósitos, que suman más de cinco millones de kilos comprados por el gobierno anterior de Alberto Fernández.
La medida responde a una denuncia presentada en febrero por referentes de organizaciones sociales, incluyendo a Juan Grabois del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), acusando a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de incumplir sus deberes al no distribuir los alimentos a los comedores. La fiscal Paloma Ochoa impulsa esta denuncia, destacando que la ministra estaría violando normas que garantizan la alimentación de quienes están en extrema pobreza.
En paralelo, el juez Casanello también citó a indagatoria a dirigentes del Polo Obrero (PO) por presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales. Entre los citados se encuentra Eduardo Belliboni, líder de la agrupación, acusado de exigir a los beneficiarios participar en movilizaciones político-partidarias y aportar dinero bajo amenazas de perder la ayuda estatal.
Las indagatorias se realizarán entre el 11 y el 25 de junio, incluyendo a varios dirigentes de la organización. La justicia busca esclarecer el uso indebido de fondos y la posible extorsión a los beneficiarios de planes sociales, en un contexto donde la seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables está en juego.
