El fiscal Ramiro González solicitó al Ministerio de Capital Humano nuevos documentos para respaldar la denuncia contra los “comedores fantasma”, y la cartera liderada por Sandra Pettovello presentó ante la Justicia certificaciones de 1607 comedores y merenderos que recibían fondos del Estado pero nunca ofrecieron servicio. Así, se ratificó la acusación contra los movimientos sociales.
Según la denuncia presentada a mediados de mayo, de los 3385 establecimientos relevados en el programa “Argentina contra el Hambre”, solo el 52,3% estaba funcionando. El 47,7% restante no pudieron controlarse: el 32% no funciona más, en el 25% los datos no coinciden (direcciones inexistentes o erróneas) y en casi el 16% nunca funcionó un comedor o merendero.
En un reciente documento presentado ante la fiscalía por la Subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, se afirma que organizaciones sociales, algunas cooperativas recién creadas, recibieron habilitación y créditos del Ministerio de Desarrollo Social sin historial alguno. Sin embargo, no existía control sobre si los comedores realmente recibían los alimentos o fondos, ni sobre posibles incompatibilidades.
El documento también señala que, aunque algunos comedores estaban matriculados y relacionados con organizaciones, en auditorías se encontró que no recibieron alimentos. No había una base de datos sistematizada ni se controlaba la cantidad de personas que asistían, lo cual permitía solicitar más alimentos y fondos de los necesarios.
El informe concluye que todo indica un plan sistemático de corrupción contra el pueblo argentino, violando derechos humanos como la alimentación, la libertad, la dignidad y el trabajo de los sectores más vulnerables.
