La Provincia de Tucumán inició sumarios administrativos a empleados públicos que cobraban el plan Potenciar Trabajo de manera indebida por presuntas incompatibilidades. La medida surge después de que el propio Gobierno provincial informara al fiscal Guillermo Marijuan sobre posibles irregularidades que involucraban a 956 agentes de la Administración Pública local.
Esta acción derivó en la suspensión del cobro del plan por parte del Gobierno Nacional para los implicados hasta que se aclare la situación de compatibilidad. La normativa del Potenciar Trabajo es detallada e incluye situaciones específicas de compatibilidad entre el empleo formal y la asignación del plan.
De los 956 empleados detectados con la irregularidad, 230 pertenecían a la UNREL y ya han sido dados de baja. Los demás agentes fueron intimados para que aclaren su situación. La Provincia está avanzando con la sustanciación de los sumarios desde la semana pasada, tomando las medidas administrativas necesarias y aplicando las sanciones correspondientes, que podrían incluir la eventual cesantía de los trabajadores involucrados.
Jaldo ordenó intensificar las tareas administrativas para determinar la responsabilidad de cada empleado público notificado en la causa, buscando llegar hasta las últimas consecuencias.
Fuente: La Gaceta
