La investigación por la venta ilegal de mercadería destinada a módulos alimentarios para personas necesitadas y comedores sociales presenta desafíos y acusaciones políticas, dificultando el proceso. Cuatro detenidos forman parte del eslabón final de la presunta malversación de recursos estatales. Las acusaciones indican que los productos se comercializaban a través de redes sociales, siendo ofrecidos a precios significativamente más altos que el mercado.
El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, denunció la venta ilegal, afirmando que ciertas personas dedicadas a esta práctica ya han sido identificadas. La investigación incluyó una veintena de allanamientos y detenciones. La pesquisa destaca la falta de control estatal en la distribución de alimentos, señalando que una empresa de transporte entregaba los productos sin verificación.
La mayoría de la mercadería incautada estaba en fardos, orientando las sospechas hacia quienes retiraban productos de la firma de transporte. Se reveló que hay discrepancias en el número de organizaciones sociales registradas para recibir los alimentos. Las estrategias defensivas de los detenidos apuntan a alegar que adquirieron la mercadería de buena fe para revenderla.
Las últimas medidas incluyen numerosos allanamientos y la detención de una persona que prestó su domicilio para almacenar mercadería. Las acusaciones cruzadas y las acusaciones políticas complican la investigación, que espera obtener más información de los detenidos sobre el origen y la venta de la mercadería.
El fiscal deberá indagar sobre el destino final de los alimentos y determinar la participación de cada implicado. A pesar de las estrategias defensivas, la investigación continúa con el objetivo de esclarecer la malversación de recursos y la venta ilegal de productos destinados a personas necesitadas.
Fuente: La Gaceta
